Sin registro estatal, pero con controles: Cáceres afronta el reto de ordenar los apartamentos turísticos

El Tribunal Supremo ha tumbado el registro único estatal de alquileres de corta duración y ha vuelto a situar el foco sobre el control de los apartamentos turísticos, un sector en crecimiento en la capital cacereña. La sentencia, dictada el pasado 19 de mayo, deja sin efecto el sistema impulsado por el Gobierno central, que obligaba a propietarios de viviendas vacacionales y arrendamientos temporales a obtener un número de identificación oficial antes de anunciar sus inmuebles en plataformas digitales como Airbnb o Booking.

La medida pretendía crear una base de datos nacional para controlar los alquileres temporales, combatir los alojamientos ilegales, detectar posibles fraudes administrativos y fiscales y reducir el impacto de esta actividad sobre el mercado residencial en las ciudades más tensionadas.

Marco autonómico

Sin embargo, el Supremo ha considerado que este mecanismo entraba en un terreno reservado a las comunidades autónomas en materia de vivienda y turismo. Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex, interpreta el fallo como una confirmación de la postura que han mantenido desde el inicio: la regulación del sector debe articularse desde el ámbito autonómico.

Eso no implica, subraya, que ahora queden sin vigilancia. "La actividad continuará sometida a las normas vigentes en cada región, en este caso las de Extremadura, así como a las exigencias municipales, fiscales y de seguridad". A su juicio, el sector necesita "regularse, que haya control y esté más profesionalizado", pero esa vigilancia no debe convertirse en una duplicidad de trámites para alojamientos que ya cumplen con sus obligaciones.

Asimismo, considera que el sistema se puso en marcha con "demasiada rapidez y sin criterios suficientemente claros", un escenario que ha podido perjudicar a algunos apartamentos legales.

Impacto limitado

No obstante, Gutiérrez indica que la repercusión práctica de esta sentencia será reducida tanto en Cáceres como en el conjunto de la región, al tratarse de una actividad ya regulada y con un nivel de profesionalización mayor que en otros territorios. "Eso nos aporta garantías y mayor seguridad jurídica que en otras comunidades autónomas", concreta.

En este sentido, la asociación defiende un modelo de alojamiento "legal, responsable y de calidad, capaz de contribuir a la economía local, generar empleo y reforzar la oferta turística”, tanto en la capital cacereña como en los pueblos de la región.

Equilibrio vecinal

A su vez, desde Aptuex consideran fundamental mantener el equilibrio con la vida vecinal. "Al fin y al cabo, todos somos vecinos de una forma u otra: los dueños de los apartamentos turísticos, quienes viven en los edificios y también los turistas que vienen y forman parte de la experiencia", precisa Gutiérrez.

El debate, por tanto, no queda cerrado con la sentencia. Para el sector, el reto pasa ahora por mantener controles eficaces, combatir el intrusismo y evitar nuevas cargas administrativas sobre quienes ya cumplen la normativa, sin perder de vista la convivencia en los barrios y el papel que estos alojamientos tienen en la economía local.

Trámites pendientes

Tras esta novedad, el colectivo centra ahora sus demandas en la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres. A la administración autonómica le reclaman una "revisión del decreto que regula la actividad", al entender que debe actualizarse y adaptarse al escenario actual, mientras que pide al consistorio que avance en la ordenanza municipal de apartamentos turísticos, una regulación que llevan años solicitando.

El gobierno local ya dio el primer paso al incorporar esta figura en el Plan General Municipal, pero la asociación considera necesario culminar el proceso con "una regulación acorde a las necesidades de la ciudad" y solicita conocer el borrador antes de su aprobación para "poder revisarlo, compartir nuestras aportaciones y presentar las alegaciones necesarias antes de su puesta en marcha", concreta el presidente de Aptuex. El ayuntamiento, afirma, ya ha trasladado que el texto está avanzado, aunque sigue sin haber una propuesta formal sobre la mesa.