El peaje ambiental del puente de Cedillo: árboles, informes y el reloj de Europa

El puente internacional de Cedillo ya no se mide solo en metros de hormigón, millones de euros o kilómetros que desaparecerán del mapa. También se mide en árboles, informes ambientales y semanas que se consumen dentro del calendario europeo. La infraestructura que debe unir el municipio más occidental de Extremadura con Montalvão, en el Alto Alentejo portugués, ha vuelto a quedar atrapada en una fase administrativa delicada: la de encajar las condiciones ambientales de una obra llamada a transformar la movilidad de La Raya.

El proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable condicionada, emitida por la Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pero eso no significa que el camino haya quedado completamente despejado. La propia Cámara Municipal de Nisa ha trasladado, a través de su departamento de prensa, que se está a la espera de una serie de procesos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental, aunque no ha concretado qué informes o autorizaciones faltan exactamente para que los trabajos puedan retomarse.

Sobre el terreno, la consecuencia es visible. Las obras llegaron a iniciarse de forma preliminar en el lado portugués, donde se abrió un camino para llevar materiales hasta el punto en el que debe levantarse el viaducto. Después, la actividad se detuvo. Las máquinas se marcharon y no han regresado. Durante un tiempo permaneció allí un camión, pero también ha sido retirado en los últimos días. En Cedillo, el alcalde, Antonio González, ha reconocido que existe inquietud porque la financiación europea caducaría a finales de este año, aunque se confiaba en que, si la obra estuviera avanzada, pudieran prorrogarse los plazos.

La letra pequeña verde

El atasco actual no se entiende sin mirar la letra pequeña ambiental del proyecto. El expediente portugués ha incluido la declaración de utilidad pública imprescindible para ejecutar una actuación que afecta a especies protegidas del paisaje mediterráneo. En concreto, el despacho publicado en el Diário da República recoge que el proyecto ha previsto la afección de 127 alcornoques y 525 encinas en una superficie de 2,62 hectáreas, además de un plan de compensación ambiental con la plantación de esas especies en 3,275 hectáreas durante un periodo de 20 años.

Ese es uno de los puntos que explican por qué una obra largamente reivindicada puede seguir avanzando sobre el papel y, al mismo tiempo, continuar parada en el terreno. No se trata solo de adjudicar, consignar y mover maquinaria. En un enclave sensible, junto al río Sever y en pleno territorio rayano, cada autorización cuenta. La declaración ambiental favorable ha permitido que el puente siga vivo, pero sus condiciones obligan a cumplir compensaciones, controles y exigencias antes de que el proyecto pueda tomar velocidad.

El diseño también ha intentado reducir ese impacto. El puente proyectado tendrá unos 160 metros de longitud y una calzada de 11,5 metros de ancho, con dos carriles, arcenes y aceras. La solución elegida contempla dos arcos gemelos de hormigón apoyados en macizos de cimentación, una fórmula pensada para evitar la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esa decisión técnica ha sido clave para compatibilizar la infraestructura con el entorno y para obtener el visto bueno ambiental, aunque condicionado.

Cinco años de trámites

La Cámara Municipal de Nisa lleva años documentando los avances del proyecto, pero también sus retrasos. El primer contrato de financiación reciente se remonta a 2021, cuando el consistorio portugués y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo fijaron un presupuesto inicial de nueve millones de euros. Aquel documento establecía que la actuación debía concluir antes del 31 de diciembre de 2025.

La realidad ha ido por otro camino. En 2024 se modificó el contrato inicial y el presupuesto subió hasta los 11,5 millones de euros, con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia portugués y al Estado luso. Sin embargo, esa cantidad volvió a quedarse corta. Fue necesario convocar nuevas licitaciones hasta acercar la inversión a los 20 millones de euros, ya que las empresas no mostraron interés en ejecutar el puente por el importe inicial.

La adjudicación definitiva llegó el pasado 26 de septiembre, a favor de la empresa portuguesa Alexandre Barbosa Borges SA, por 19.248.350,39 euros. La actuación incluye la construcción del puente, el arreglo de la carretera EM1139 durante aproximadamente nueve kilómetros y la creación de un nuevo corredor de unos 700 metros por el margen portugués para llegar hasta el viaducto.

El presidente de la Cámara Municipal de Nisa, José Dinis Serra, ya ha admitido públicamente que el proceso acumula casi cinco años de tramitación administrativa y ambiental. Su principal preocupación, según ha señalado, pasa ahora por encajar los calendarios de ejecución con la financiación disponible. La obra fue consignada el pasado 29 de diciembre, en un acto celebrado durante la Navidad con la presencia del ministro portugués de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, pero desde entonces el avance material ha sido mínimo.

El reloj europeo

Ahí aparece el otro gran condicionante: el tiempo. El puente está financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia portugués, lo que convierte cada mes de retraso en algo más que una demora administrativa. Para Cedillo, el riesgo no es solo que la obra tarde más. El temor es que el proyecto vuelva a quedar atrapado justo cuando parecía haber superado sus principales obstáculos.

Desde Portugal se ha intentado trasladar tranquilidad. El ministro Manuel Castro Almeida señaló el pasado 22 de mayo, durante la inauguración de las Fiestas de la Ciudad de Portalegre, que no veía motivos que impidieran el avance de la obra. Sin embargo, en Cedillo miran más al terreno que a los discursos. Y lo que se ve ahora mismo es un camino abierto, maquinaria retirada y un calendario que avanza hacia final de año.

La diferencia entre ambos lados de la frontera está precisamente ahí. Para Portugal, el puente sigue dentro de un expediente complejo, con trámites ambientales que deben resolverse. Para Cedillo, el proyecto es mucho más que un expediente. Es la posibilidad de dejar atrás una anomalía histórica.

Trece kilómetros que son 130

Cedillo y Montalvão están separados por apenas 13 kilómetros, pero por carretera el trayecto obliga actualmente a un rodeo de unos 130 kilómetros por otros pasos fronterizos. El nuevo puente reduciría ese desplazamiento en más de 100 kilómetros y abriría una comunicación directa entre Extremadura y el Alto Alentejo.

El aislamiento viene de lejos. Cedillo permanece sin una conexión libre y permanente con Portugal desde 1995, cuando Iberdrola, gestora del embalse situado en la confluencia de los ríos Tajo y Sever, dejó de permitir la circulación ordinaria por la presa. Desde entonces, el paso solo se abre durante los fines de semana, unas 36 horas consecutivas, y siempre con el Ayuntamiento de Cedillo asumiendo la seguridad.

Por eso el puente no es solo una infraestructura. Es una promesa de normalidad para un pueblo que lleva tres décadas viviendo junto a Portugal, pero sin poder cruzar a diario. Ahora, esa promesa vuelve a depender de informes, autorizaciones y compensaciones ambientales. El peaje verde del proyecto puede ser asumible, pero el reloj europeo no se detiene. Y en Cedillo empiezan a temer que el puente más esperado de La Raya vuelva a quedarse demasiado tiempo en la orilla.