El policía condenado por la muerte de un preso en Cáceres solicita ser declarado insolvente para que el Estado pague la indemnización

El policía nacional condenado por la muerte de un preso fugado en Cáceres en 2018, condena firme del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado ser declarado insolvente para que sea el Estado quien asuma el pago de la indemnización derivada de la sentencia, que supera los 169.000 euros, a los que habría que sumar intereses y costas judiciales.

"Llega a fin de mes de milagro", afirma la defensa, que considera imposible que pueda afrontar una cuantía que supera ampliamente sus ingresos

La petición ha sido formulada durante la fase de ejecución de sentencia, una vez que el TS confirmó la condena por homicidio imprudente. Según ha explicado el abogado Ángel Luis Aparicio, la defensa ha presentado ante la Audiencia Provincial toda la documentación económica necesaria para acreditar que su cliente carece de capacidad económica para hacer frente a la responsabilidad civil impuesta.

El letrado sostiene que el agente "percibe unos 1.800 euros mensuales, tiene dos hijos a su cargo y una esposa sin empleo", una situación que, según asegura, le deja con "apenas un centenar de euros disponibles" al final de cada mes. "Llega a fin de mes de milagro", afirma la defensa, que considera imposible que pueda afrontar una cuantía que supera ampliamente sus ingresos.

La solicitud de insolvencia llega en paralelo a una campaña de apoyo impulsada por compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, que han iniciado una recogida de fondos para ayudar al agente a afrontar las consecuencias económicas de la condena. Uno de los promotores de la iniciativa, el inspector Felipe Marín, ha señalado que la cantidad total que debe afrontar el policía ronda los 206.000 euros entre indemnización, multa y costas procesales.

Según los organizadores, las cuentas bancarias del condenado ya han sido embargadas pese a haber solicitado el fraccionamiento de los pagos. La campaña de donaciones, abierta a través de la plataforma GoFundMe y mediante una cuenta bancaria habilitada para tal fin, ha logrado recaudar casi 40.000 euros en el mes de mayo.

Revocada la absolución

La situación actual deriva de la sentencia dictada el pasado mes de marzo por el TS, que revocó la absolución acordada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y concluyó que los hechos constituían un delito de homicidio por imprudencia.

El alto tribunal recuperó así el criterio mantenido inicialmente por la Audiencia Provincial de Cáceres, que en noviembre de 2022 había condenado al agente por homicidio por imprudencia menos grave. La resolución del TS consideró acreditado que el disparo fue accidental, pero entendió que el policía "actuó de forma imprudente" al portar el arma sin el seguro activado y con el dedo en el gatillo durante la persecución del fugado.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en 2018 durante el traslado de un preso de 24 años desde el Centro Penitenciario de Cáceres hasta el Palacio de Justicia. El detenido (que iba con una muleta) logró escapar en los aparcamientos subterráneos del complejo judicial, iniciándose una persecución durante la cual lanzó una piedra contra el agente.

Según los hechos declarados probados, el impacto provocó la caída del policía y el disparo de su arma reglamentaria, alcanzando mortalmente al fugado. Aunque los tribunales descartan que existiera intención de matar, el TS concluyó que la forma en que el agente portaba el arma generó un "riesgo innecesario", lo que fundamentó la condena por homicidio imprudente.

Ahora, una vez firme la sentencia, el procedimiento entra en la fase de ejecutoria, donde la Audiencia de Cáceres deberá resolver si acepta la declaración de insolvencia solicitada por la defensa y si la responsabilidad civil puede ser asumida por la Administración en los términos planteados por el condenado.