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Tribunales

De la finca de Cáceres al caso Gaslow: Claudio Rivas, más cerca del juicio por la millonaria trama de hidrocarburos

La Audiencia Nacional investiga una trama criminal que, según el juez, utilizaba el impago del IVA de hidrocarburos para bajar precios y aumentar ventas

El juez Pedraz propone juzgar a 16 personas por fraude de 148 millones de IVA de hidrocarburos.

El juez Pedraz propone juzgar a 16 personas por fraude de 148 millones de IVA de hidrocarburos. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La conexión cacereña de la trama de los hidrocarburos vuelve a aparecer en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a 16 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021 en el denominado caso Gaslow. Entre los investigados figura Claudio Rivas, empresario vinculado a una finca situada en Cilleros, en la provincia de Cáceres, que ya fue registrada el pasado mes de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en otra investigación relacionada con el fraude del IVA en el sector de los carburantes.

Aquel registro dejó una imagen muy gráfica de la dimensión patrimonial que manejaban los investigados. Según los atestados de la UCO, en el coto de caza de Cilleros propiedad de Rivas los agentes se incautaron de tres rifles, una escopeta, 328 cartuchos, dos vehículos pick up Toyota Hilux, cinco quads Kymco, una motocicleta, un buggy Zforce y un Land Rover Discovery. La operación se practicó el pasado mes de octubre dentro de la investigación en la que la Guardia Civil situaba a Rivas y a Víctor de Aldama "en la cúspide" de una presunta organización criminal dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos.

La finca cacereña

El nombre de Cilleros entró así en el mapa de una de las grandes investigaciones económicas abiertas en la Audiencia Nacional. La finca registrada en este municipio cacereño no era una pieza menor dentro del despliegue policial. Los agentes localizaron allí armas, munición y varios vehículos todoterreno y recreativos, entre ellos cinco quads, dos Toyota Hilux y un buggy, además de un Land Rover.

La Guardia Civil también intervino en el domicilio particular de Rivas en Majadahonda ocho teléfonos móviles, tres relojes Rolex, un Range Rover, una tablet, cuatro llaveros, notas manuscritas con apuntes de contabilidad, un pendrive, una tarjeta SD, fotocopias de pasaportes y permisos de conducir y residencia, además de 22.000 euros en efectivo. En la vía pública, según esos mismos atestados, se le intervino un Land Rover Defender, otro móvil y 1.530 euros.

La nueva resolución conocida este lunes no se refiere a ese registro concreto, sino al caso Gaslow, otra causa sobre el presunto fraude del IVA en hidrocarburos. Sin embargo, vuelve a situar a Claudio Rivas en una investigación judicial de gran volumen económico dentro del mismo sector.

El caso Gaslow

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez Pedraz atribuye a los investigados, entre ellos Claudio R., siete delitos contra la Hacienda pública, organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. El magistrado también propone juzgar al capitán de la Guardia Civil Juan S.Y. por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Además, plantea que 82 personas jurídicas sean declaradas responsables civiles.

Según ha informado el Poder Judicial, el instructor sostiene que los investigados formaban parte de una organización criminal estructurada en tres grupos que actuaban de forma coordinada. Su finalidad, según el auto, era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial para poder bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. Con esa operativa, habrían conseguido aumentar sus ventas y sus ingresos.

Pedraz señala que la organización estaba articulada en varios grupos liderados por distintos responsables. Dentro de esa estructura, el auto sitúa a Claudio R. como uno de los líderes, junto a otros dos investigados. El juez explica que los recursos necesarios para realizar el fraude, es decir, la capacidad de introducir hidrocarburo en el entramado societario, estaban vinculados a las operadoras Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energías S.L..

148 millones de IVA y casi 60 de blanqueo

El auto detalla que la cuota presuntamente defraudada ascendió a 6,2 millones de euros en 2018, a 30,9 millones en 2019 y a 111,8 millones en 2020 a través de Gaslow y Nascor. En total, el presunto fraude fiscal investigado alcanza los 148 millones de euros.

Una vez cometido el fraude, según el juez, los beneficios no se disfrutaban directamente desde las entidades con las que se realizaba la operativa, sino que pasaban antes por uno o varios escalones destinados a alojar los fondos. En ese punto, el magistrado señala que se han detectado operaciones acreditativas de blanqueo de capitales por casi 60 millones de euros.

La resolución también dedica un apartado al capitán de la Guardia Civil investigado. Según el auto, Juan S.Y., integrante entre enero de 2008 y julio de 2022 del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, habría colaborado con la organización criminal. El juez detalla sus relaciones con miembros de la trama y los pagos presuntamente recibidos a cambio de revelar información policial a la que tenía acceso. Esa información, según el instructor, pudo permitir a los investigados conocer por adelantado actuaciones policiales y detenciones y anticiparse a las consecuencias de los registros.

El auto recoge además que el patrimonio del capitán pasó de 251.587,89 euros en 2018 a 590.300,21 euros en 2022, lo que supone un incremento del 134% en cuatro años.

Dos causas y un mismo sector

La propuesta de juzgar a Claudio Rivas en el caso Gaslow llega meses después de que su nombre apareciera también en los atestados de la UCO sobre la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama. En esa investigación, la Guardia Civil situó a ambos como "ideólogos" y máximos responsables de una organización que presuntamente habría defraudado decenas de millones de euros mediante el IVA de los carburantes.

En aquellos atestados, los agentes apuntaban a una operativa desarrollada entre 2022 y 2024 y señalaban transferencias de fondos de presunta procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia. También destacaban que Rivas habría utilizado vehículos de alta gama propiedad de empresas de Aldama, con valores superiores a los 130.000 euros.

Ahora, el caso Gaslow aborda un periodo anterior, entre 2018 y 2021, y queda pendiente de que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral con sus escritos de acusación o bien insten el sobreseimiento de la causa. En cualquier caso, el avance judicial vuelve a colocar en primer plano a Claudio Rivas, el empresario relacionado con la finca de Cilleros donde la UCO se incautó de armas, munición, quads y todoterrenos durante los registros de la trama de los hidrocarburos.

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