La familia de la joven víctima del atropello mortal en Cáceres eleva a siete años la petición de prisión para el acusado

La familia de Inmaculada Bonilla Jara, la joven de 29 años fallecida tras ser atropellada en la avenida de la Hispanidad de Cáceres en junio de 2025, solicita una condena de siete años de prisión para el conductor acusado, una pena superior a la interesada por la Fiscalía, que reclama cuatro años y cuatro meses de cárcel por los mismos hechos.

Juicio en la Audiencia Provincial

El juicio se celebra este jueves en la Audiencia Provincial de Cáceres y tendrá como uno de sus principales puntos de debate el supuesto consumo de alcohol por parte del acusado antes del atropello mortal. Mientras la Fiscalía sostiene que el conductor había ingerido bebidas alcohólicas en las horas previas, aunque considera que no puede determinarse el grado concreto de afectación sobre sus facultades, la acusación particular, ejercida por el letrado Ángel Luis Aparicio en representación de los padres y hermanos de la víctima, mantiene que circulaba "bajo los efectos del alcohol" y con sus "facultades mermadas por la ingesta de alcohol".

Según el escrito presentado por la familia, el acusado habría varios combinados y cervezas en dos establecimientos hosteleros antes de ponerse al volante. La acusación incorpora además el testimonio de un camarero que, presuntamente, observó cómo el conductor se dirigía al vehículo portando un vaso de cerveza y tuvo que requerirle para que lo devolviera antes de abandonar el local.

La acusación sostiene que el procesado accedió posteriormente a la avenida de la Hispanidad y circuló a una velocidad aproximada de 57 kilómetros por hora (km/h) en una vía limitada a 30 km/h, sin percatarse de la presencia de la joven, que cruzaba correctamente un paso de peatones. A juicio de la representación de la familia, la víctima era "perfectamente visible" y el atropello podría haberse evitado de haber respetado el conductor las normas básicas de circulación y la velocidad máxima permitida.

La propia Fiscalía sostiene en su escrito que el acusado atropelló a la joven "sin disminuir la marcha ni adoptar ninguna maniobra evasiva" y considera que el respeto de los límites de velocidad y de las normas de atención exigibles a cualquier conductor habría permitido detectar antes a la joven y evitar el siniestro o, al menos, reducir sus consecuencias.

Motivación concreta

Tras el impacto, siempre según la acusación particular, el conductor abandonó el lugar de los hechos sin auxiliar a la víctima y sin colaborar con los servicios de emergencia. El escrito atribuye incluso una motivación concreta a esa huida al sostener que lo hizo "para evitar que le hicieran el pertinente control de alcoholemia habitual en un hecho grave como el narrado".

Uno de los argumentos centrales de la acusación es precisamente el tiempo transcurrido hasta que el investigado compareció ante la policía. El conductor se presentó voluntariamente en dependencias policiales alrededor de las 11.00 horas del día siguiente, unas doce horas después del atropello, y fue sometido entonces a una prueba de detección de alcohol y drogas con resultado negativo. La familia considera que ese lapso temporal impidió obtener una prueba directa sobre su posible estado de intoxicación en el momento del siniestro.

Peticiones de penas

Las diferencias entre ambas acusaciones también se reflejan en las penas solicitadas. La Fiscalía reclama 2 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio por imprudencia grave y 2 años de prisión por el delito de abandono del lugar del accidente, lo que suma 4 años y 4 meses de cárcel.

Por su parte, la acusación particular solicita una condena de 4 años de prisión por un delito de homicidio imprudente en concurso con otro contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, además de 3 años de prisión por el delito de abandono del lugar del accidente, elevando la petición total a 7 años de cárcel.

Junto a la pena de prisión, la familia reclama una privación del derecho a conducir vehículos a motor durante seis años por el delito relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol y otros tres años adicionales por el abandono del lugar del accidente, una petición igualmente más severa que la formulada por el Ministerio Público.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama indemnizaciones por importe superior a 230.800 euros para los padres y hermanos de la víctima, además de los gastos de sepelio, entierro o incineración que resulten acreditados durante el procedimiento. La acción civil se dirige tanto contra el acusado como contra la compañía aseguradora del vehículo implicado.

El juicio permitirá confrontar las tesis de la Fiscalía y de la acusación particular sobre el papel que desempeñaron el supuesto consumo de alcohol, el exceso de velocidad, la falta de atención en la conducción y la posterior huida del conductor en uno de los sucesos que mayor impacto social generó en Cáceres durante el último año.

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