Tribunales
Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita un año de prisión para un empresario acusado de vender máquinas de dardos alquiladas

Juzgados de Cáceres. / EP

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita un año de prisión para un empresario cacereño acusado de un delito de apropiación indebida por no devolver 25 máquinas recreativas de dardos que explotaba mediante un contrato de alquiler con opción de compra y por haber vendido presuntamente parte de ellas pese a no ser su propietario.
Desde 2017
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 3 de marzo de 2017, cuando el acusado suscribió un contrato con una mercantil para la explotación de 50 máquinas recreativas de dardos, de las que 25 eran del modelo Connection Darts y otras 25 del modelo Lowen.
La Fiscalía señala que, tras el incumplimiento del contrato, la empresa propietaria acudió a la vía civil y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Cáceres dictó en diciembre de 2020 una sentencia que resolvía el contrato y ordenaba la devolución de todas las máquinas entregadas al inicio de la relación contractual.
El empresario devolvió en enero de 2021 únicamente las 25 máquinas Connection Darts, pero, según el Ministerio Público, nunca entregó las otras 25 máquinas Lowen, pese a los posteriores acuerdos alcanzados entre ambas partes y a los requerimientos efectuados durante la ejecución judicial de la sentencia.
La acusación sostiene además que el procesado vendió varias de esas máquinas entre 2019 y 2020, a pesar de que únicamente disponía de facultades para su explotación, sin haber abonado las cuotas previstas en el contrato ni ejercitado el derecho de compra sobre ellas. Entre esas operaciones, el escrito recoge la venta de varias máquinas a través de un intermediario y la instalación de otra en un establecimiento hostelero.
Apropiación indebida
Por estos hechos, la Fiscalía considera que el acusado habría cometido un delito de apropiación indebida, por el que solicita un año de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el empresario indemnice a la empresa perjudicada con 2.500 euros, correspondientes al valor de las máquinas no devueltas, así como el lucro cesante derivado de la imposibilidad de explotarlas comercialmente, cuya cuantía deberá fijarse, en su caso, durante la ejecución de sentencia, además de los intereses legales correspondientes.
La causa se encuentra pendiente de enjuiciamiento en el Juzgado de lo Penal, aunque estaba señalada ayer martes para posible conformidad entre las partes.
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