La Cárcel Vieja de Cáceres, más cerca de su protección: podría ser Lugar de Memoria Democrática tras 15 años cerrada

La antigua Prisión Provincial de Cáceres cerró definitivamente sus puertas en septiembre de 2009, poniendo fin a más de ocho décadas de actividad penitenciaria. Desde entonces, el edificio, situado en el número 6 de la avenida Héroes de Baler, ha permanecido a la espera de un destino definitivo, convirtiéndose en uno de los inmuebles más emblemáticos y, al mismo tiempo, más inciertos del patrimonio de la ciudad.

Primer paso para su protección

Más de quince años después de su clausura, el antiguo penal ha dado un paso decisivo hacia el reconocimiento de su valor histórico. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por la que se incoa el procedimiento para declararlo Lugar de Memoria Democrática. La apertura del expediente no implica todavía su declaración definitiva, aunque sí supone su inscripción preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y la aplicación provisional del régimen de protección previsto para este tipo de bienes. La resolución definitiva deberá adoptarse y notificarse en un plazo máximo de doce meses desde la incoación del procedimiento.

La creación del centro penitenciario

Los orígenes de la Prisión Provincial de Cáceres se remontan a 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando distintos sectores políticos y sociales de la ciudad reclamaron la construcción de un nuevo centro penitenciario ante el deterioro de las instalaciones existentes. Entre los impulsores de esta iniciativa figuró Antonio Canales González, entonces dirigente local del PSOE y de la UGT. La llegada de la Segunda República permitió reactivar el proyecto. Antonio Canales volvió a desempeñar un papel destacado en su tramitación, esta vez como alcalde de Cáceres y diputado a Cortes por la provincia. El proyecto de construcción de la nueva prisión fue aprobado en diciembre de 1933 y, en febrero de 1934, se colocó la primera piedra del edificio. La infraestructura fue diseñada con una capacidad para 145 internos, de los que 130 plazas estaban destinadas a hombres y 15 a mujeres.

Aunque las obras aún no habían concluido, el edificio comenzó a utilizarse tras el golpe de Estado de julio de 1936, que triunfó en la capital cacereña y en buena parte de la provincia. A partir de entonces, la nueva prisión pasó a acoger a las personas detenidas por las autoridades militares que asumieron el control del territorio. La documentación oficial conservada permite reconstruir la evolución de la población reclusa durante la Guerra Civil, tanto en la antigua cárcel de la ciudad como en la nueva Prisión Provincial. Según esos registros, el 1 de julio de 1936 había 111 personas encarceladas en Cáceres. Apenas un mes después, la cifra había ascendido a 395. El aumento continuó en los meses siguientes hasta alcanzar los 1.344 reclusos el 1 de octubre de 1937.

Evolución de la población reclusa

Durante 1938, el número de personas encarceladas se mantuvo por encima del millar, con un máximo de 1.366 en febrero. A partir de entonces comenzó un descenso progresivo, aunque la población penitenciaria siguió siendo elevada.

El procedimiento continúa

Con la publicación de esta resolución en el BOE, el procedimiento entra ahora en una nueva fase. A partir de este momento se abrirán los trámites de información pública y audiencia previstos en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, antes de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática adopte la decisión definitiva, a propuesta de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática. Al tratarse de un acto de trámite, la resolución no pone fin al procedimiento y, por tanto, no puede ser recurrida en esta fase. No obstante, las personas interesadas podrán presentar alegaciones, que serán tenidas en cuenta antes de que se dicte la resolución final.