La Audiencia de Cáceres impone 76 años de cárcel a tres integrantes de un circo por agresiones sexuales y vejaciones: "Llegó a ser torturador"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a tres miembros de una familia propietaria de un circo itinerante por someter durante más de cuatro años a un matrimonio y a sus dos hijos menores a condiciones laborales ilegales, agresiones y continuas humillaciones. Dos de los procesados han sido condenados también por varias agresiones sexuales a menores y uno de ellos por la elaboración de material pornográfico infantil.

La pena más elevada suma 41 años, seis meses y cuatro días de prisión, mientras que el segundo principal condenado acumula 30 años, tres meses y tres días. El propietario del circo ha recibido una condena total de cinco años y seis meses. No obstante, la Audiencia fija para los dos primeros un límite máximo efectivo de cumplimiento de 20 años. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Investigación en Trujillo

La causa comenzó a investigarse en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Trujillo gracias a que la mujer logró escapar y, dos semanas más tarde, lo hizo su marido, que acudió a un puesto de la Guardia Civil cuando el circo se encontraba en un municipio al sur de la provincia de Cáceres. La Benemérita se movilizó y lograron también liberar a los niños. Una vez concluida la instrucción, el sumario fue remitido para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Cáceres.

Los hechos comenzaron a finales de 2019, cuando el padre de la familia publicó en internet un anuncio en el que buscaba empleo y exponía su situación de extrema necesidad. El propietario del circo le ofreció trabajo para él y su esposa, alojamiento, manutención, un salario mensual y la formalización de un contrato. La familia se trasladó entonces al recinto circense con sus dos hijos.

Condiciones incumplidas

Según los hechos probados, las condiciones prometidas nunca se cumplieron. Los adultos fueron alojados en una caravana sin agua ni electricidad, no tuvieron contrato ni fueron dados de alta en la Seguridad Social y permanecieron a disposición del negocio prácticamente durante todo el día, sin una jornada concreta, descansos ni remuneración suficiente. Realizaban tareas de montaje, limpieza y mantenimiento, además de cualquier otra labor que se les ordenara.

La resolución considera acreditado que, desde mediados de 2020, el matrimonio comenzó a sufrir golpes, amenazas y actos vejatorios, algunos de los cuales fueron grabados con teléfonos móviles y presenciados por sus hijos. El tribunal califica el trato como degradante y señala que en determinados episodios llegó a ser "calificable de torturador".

Niños de corta edad

Las agresiones también se extendieron a los niños de corta edad, que fueron golpeados, amenazados y obligados a desarrollar distintas tareas. La sentencia declara probado, además, que dos de los condenados forzaron a varios menores a realizar actos de contenido sexual y grabaron parte de lo ocurrido. Los vídeos hallados en los dispositivos intervenidos fueron una de las principales pruebas utilizadas para corroborar los relatos de las víctimas.

El propietario y uno de sus hijos han sido condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores. Los tres hombres responden, además, de cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia. Uno de ellos ha sido condenado por cuatro agresiones sexuales a menores, una en grado de tentativa, y por elaborar material pornográfico infantil. El otro ha sido declarado responsable de tres agresiones sexuales.

Absueltos de delitos de trata

La Audiencia, sin embargo, los absuelve de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual. El tribunal entiende que existieron unas condiciones laborales abusivas, pero no considera suficientemente acreditado que las víctimas tuvieran anulada por completo su libertad de movimiento. Tampoco aprecia que los menores fueran captados con una finalidad de explotación sexual, al no constar la difusión de las grabaciones ni la obtención de beneficios.

La cuarta persona juzgada ha sido absuelta de todos los delitos al existir dudas sobre su participación en una de las grabaciones y no considerar delictivas las restantes imágenes que le fueron atribuidas. Los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 para la mujer, 30.000 para su marido y 50.000 para cada hijo.

Informes forenses

Los informes forenses incorporados al procedimiento recomiendan asistencia psicológica para los dos menores, mientras que la mujer presenta secuelas que dificultan el desarrollo de su vida cotidiana. La resolución establece, además, distintas prohibiciones de aproximación y comunicación y periodos de libertad vigilada e inhabilitación para trabajar en actividades que impliquen contacto con menores.

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