Sucesos
Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
La aseguradora autoriza una reparación de casi 7.000 euros para el vehículo, que sufrió graves daños tras ser embestido por otro coche dado a la fuga

Fue la madrugada del 26 de mayo cuando alguien que conducía (todo apunta a que bastante pasado de decibelios) se empotró contra su vehículo, un Mazda 3 perlado, lo desplazó, lo subió a la acera, chocó con otro más y se dio a la fuga. El Mazda iba a pasar su primera ITV pero ha tenido que esperar a pasar primero por el taller: rozaduras, la dirección destrozada... Pero lo que comenzó como un acto vandálico contra un vehículo estacionado ha terminado con una reparación valorada en 6.883,24 euros. La aseguradora ha concluido la peritación de los daños y ha cursado al taller la autorización por el importe tasado, según el mensaje que ha recibido la propietaria, vecina de la calle Santa Teresa de Jesús en La Madrila de Cáceres.
El SMS confirma que el coche podrá ser reparado y pide a la asegurada que contacte con el establecimiento para coordinar los trabajos. La propietaria asegura que el automóvil sufrió daños de gran consideración durante una noche de fiesta y atribuye el destrozo a varias personas, cuya identidad no ha podido ser determinada. La afectada insiste en que no se trata de un golpe superficial ni de un simple arañazo en la carrocería. "No es que te hayan hecho un rozón o te hayan estropeado la chapa. Te destrozan la vida", ha lamentado.
La mujer lleva ya un mes sin coche y todavía deberá esperar a que el taller complete la reparación. Durante este tiempo ha visto limitada su movilidad, aunque reconoce que su situación personal le permite afrontar mejor el problema porque está jubilada y ya no necesita desplazarse diariamente hasta un puesto de trabajo.
"Te dejan sin tu herramienta de trabajo"
Su principal preocupación está en las consecuencias que un episodio similar podría tener para otra persona. "Yo ya no trabajo, pero alguien que necesitara el vehículo para su día a día o para llegar a su puesto se quedaría sin su herramienta de trabajo", ha señalado. La propietaria pone como ejemplo a los profesionales sanitarios destinados en municipios diferentes a su lugar de residencia. "Si hubiera estado trabajando en un centro de salud de cualquier pueblo, incluso en Malpartida, me lo habrían puesto muy difícil", ha afirmado.
El automóvil no constituye únicamente un bien material para muchas familias. En una ciudad y una provincia en las que numerosos desplazamientos laborales y personales dependen del transporte privado, permanecer varias semanas sin vehículo puede afectar al empleo, a la conciliación y a la atención de obligaciones cotidianas. "Una persona que lo necesitara para trabajar podría tener la vida paralizada durante semanas", sostiene la afectada, que reclama que el impacto de estos actos se valore más allá de la factura del taller.
Un coche asegurado a todo riesgo
En su caso, el vehículo dispone de seguro a todo riesgo, tiene cuatro años de antigüedad y su valor, según la propietaria, supera los 25.000 euros. Estas circunstancias han permitido que la reparación siga adelante sin que el automóvil haya sido declarado siniestro total. La mujer advierte, sin embargo, de que el resultado podría haber sido muy diferente con un vehículo más antiguo o de menor valor. Según explica, una reparación cercana a los 7.000 euros podría superar el valor venal de otros automóviles y llevar a la aseguradora a plantear su declaración como siniestro total.
"El mío es relativamente nuevo y tiene valor, pero a otra persona podrían dejarla directamente sin coche", ha señalado. La cobertura de la póliza evita en este caso que la propietaria tenga que asumir por sí sola el importe completo, aunque no elimina las molestias derivadas de la inmovilización ni el tiempo de espera. El mensaje de la compañía confirma la autorización al taller por la cantidad tasada, pero no detalla la duración de los trabajos, las piezas que deberán sustituirse ni la fecha prevista para recuperar el vehículo.
Una petición de cámaras para identificar a los autores
La propietaria considera que la instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas donde se concentran incidentes durante las noches de ocio facilitaría las investigaciones y permitiría identificar a quienes cometen daños, participan en peleas o protagonizan otros altercados.
Según relata, agentes con los que ha hablado le habrían trasladado que disponer de imágenes reduciría las dificultades para esclarecer determinados hechos. Esta conversación constituye el testimonio de la afectada y no una valoración oficial emitida por la Policía.
"Las cámaras ahorrarían mucho trabajo a la hora de identificar a la gente que comete los delitos", ha indicado. La mujer sostiene que las administraciones deberían estudiar su colocación en aquellos puntos que acumulen intervenciones policiales o denuncias vecinales.
La instalación de cámaras policiales fijas en espacios públicos no depende, sin embargo, de una decisión inmediata. La normativa establece un procedimiento con autorización administrativa previa, motivación sobre el lugar que será vigilado y respeto a los principios de proporcionalidad e intervención mínima. En el caso de la Policía Local, el alcalde o el concejal competente puede formular la solicitud, pero la autorización corresponde al delegado del Gobierno tras el informe de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia.
Un daño que va más allá del vehículo
El episodio mantiene a la propietaria a la espera de recuperar un automóvil que forma parte de su movilidad habitual. Aunque la aseguradora ya ha autorizado la reparación, el caso muestra las consecuencias económicas y personales que puede provocar un acto vandálico cometido en apenas unos minutos.
La afectada reclama que los autores de este tipo de destrozos sean identificados y respondan por los daños ocasionados. También pide que se evalúen nuevas medidas preventivas en los puntos de ocio donde puedan producirse altercados durante la madrugada.

El Periódico Extremadura
"Yo puedo sobrellevarlo porque estoy jubilada, pero otra persona podría perder citas, turnos de trabajo o incluso tener problemas para conservar su empleo", ha concluido.
El coste de la reparación ofrece la dimensión material del suceso: casi 6.900 euros. El mes durante el que la propietaria no ha podido utilizar el coche refleja la otra parte del perjuicio, más difícil de cuantificar y capaz de alterar por completo la rutina de quien depende del vehículo como herramienta de trabajo.
No es la primera vez que a esta vecina le pasa algo con el coche. Normal teniendo en cuenta que lleva 20 años viviendo en La Madrila. Esta vez había aparcado en Botánico Rivas, a la altura de La Colina. Como ella reside en la calle Santa Teresa de Jesús, no sufre directamente las graves molestias que generan los locales de copas, pero sí las consecuencias del tráfico y, de lo que ella tiene más que claro: de la influencia del alcohol y las drogas, unas drogas que siempre según su versión han evolucionado de los porros a sustancias más fuertes que afectan muy directamente al cerebro y que acarrean consecuencias fatales, en muchos casos porque derivan a conductas incívicas, agresivas y de descontrol al volante.
Cuando habla para este diario está desayunando en su magnífica terraza, desde la que se contempla el parque del Príncipe, se escucha el piar de los pájaros y el croar de las ranas. Son las 10 de la mañana y esto es realmente un paraíso. Pero el paraíso se vuelve un infierno cuando llega la madrugada y viene la marabunta. Entonces su coche y el de otros muchos vecinos sufren las consecuencias: rozaduras, espejos rotos (eso como mínimo). Se pregunta por qué la policía no hace, al menos una vez a la semana, un control de drogas y otro de tráfico para "que al menos se asusten y se rebaje la tensión" o que coloquen las vallas para impedir el acceso de vehículos aunque no haya presencia de agentes si es que faltan efectivos. La vecina despide amablemente a este diario y continúa su desayuno, tranquila tras haberse desahogado con un medio de comunicación que con vocación de servicio público ha recogido su denuncia.
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