El Ayuntamiento de Cáceres da el salto a los tribunales para frenar la retirada de la Cruz

La batalla institucional por la permanencia de la Cruz de la Plaza de América entra en una nueva fase. El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado llevar el caso ante la Audiencia Nacional para intentar frenar la retirada del monumento, después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática haya rechazado el recurso administrativo presentado por el consistorio y ratificado su inclusión en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

Desestimación

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un nuevo paso en la defensa de la Cruz de la Plaza de América al acordar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de impedir su retirada. La decisión llega después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática haya desestimado el recurso de reposición presentado por el consistorio contra la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, agotando así la vía administrativa.

La resolución ministerial mantiene que la cruz debe permanecer en dicho catálogo, un trámite previo a su retirada. Frente a ello, el Gobierno municipal sostiene que el monumento "forma parte del patrimonio urbano de la ciudad" y que "carece actualmente de exaltación de la dictadura franquista", al entender que quedó descontextualizado tras la modificación de su inscripción acordada por el pleno municipal hace décadas.

Acuerdo del Gobierno popular

El acuerdo ha sido adoptado este viernes por la Junta de Gobierno Local, que ha tomado conocimiento de la resolución estatal y ha decidido acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo legal de dos meses para defender la posición del Ayuntamiento en este procedimiento.

Con este paso, el equipo de Gobierno cumple el anuncio realizado apenas un día antes durante el pleno municipal. El portavoz del Ejecutivo local, Ángel Orgaz, avanzó que el recurso ante la Audiencia Nacional se formalizaría "en las próximas semanas", una vez recibida la resolución del Ministerio que rechazaba las alegaciones del consistorio.

La estrategia jurídica del Ayuntamiento comenzó el pasado mes de mayo, cuando presentó un recurso de alzada, posteriormente desestimado, y advirtió de que acudiría a los tribunales si el Gobierno central mantenía su decisión de ordenar la retirada del monumento. La desestimación de ese recurso ha abierto ahora la puerta a la vía judicial.

Además, el pasado 3 de julio, la Junta de Gobierno Local ya acordó personarse en el recurso contencioso-administrativo promovido por Vox, después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la demanda presentada por la formación política contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ahora, el consistorio impulsa también su propio recurso judicial.

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La defensa de la cruz volvió a monopolizar este jueves el debate político en el Ayuntamiento. La moción presentada por Vox para instar al consistorio y a la Junta de Extremadura a mantener el monumento provocó el abandono del pleno por parte de los concejales del PSOE y Unidas Podemos, que consideraron contrario a la Ley de Memoria Democráticadebatir una iniciativa encaminada a impedir su retirada. Con la izquierda fuera del hemiciclo, PP y Vox aprobaron la propuesta y escenificaron un frente común en defensa de la permanencia del monumento.

Durante ese debate, el alcalde Rafael Mateos aseguró que el Ayuntamiento seguirá "peleando para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado", mientras que Orgaz calificó la actuación del Ministerio como una "chapuza interesada" y defendió que el monumento "no tiene simbología franquista alguna", al entender que perdió cualquier significado de exaltación de la dictadura tras la modificación de su inscripción.

Con el acuerdo adoptado este viernes, el Ayuntamiento abre oficialmente un nuevo frente judicial contra el Gobierno central para intentar revertir la decisión sobre la Cruz de la Plaza de América, al tiempo que mantiene su participación en el procedimiento iniciado por Vox ante la Audiencia Nacional.