"Alquilan, pagan el primer mes y luego dejan de hacerlo": la nueva cara de la okupación en Cáceres

Los casos más habituales no son los de personas que irrumpen y se instalan en una vivienda vacía. Tras un año de funcionamiento, el servicio jurídico creado para orientar a propietarios afectados por ocupaciones ilegales en Cáceres ha detectado que la mayor parte de las consultas procede de situaciones que comenzaron con un contrato legítimo de alquiler, pero terminaron con impagos o con la negativa del arrendatario a abandonar el inmueble.

"Hay auténticos profesionales de esto", advierte el decano del Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres, Carlos Alberto Montero Juanes. Entre los ejemplos recibidos figuran personas que firman un contrato, abonan la fianza y la primera mensualidad y dejan de pagar desde el segundo mes.

200 consultas

El servicio puesto en marcha por la Junta de Extremadura y los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz recibió durante su primer año cerca de 200 consultas en toda la comunidad. Sin embargo, solo una pequeña parte encajaba en la redacción inicial del convenio, limitada a los casos de entrada ilegal en una vivienda sin ningún título previo.

En la provincia de Cáceres se contabilizaron entre siete y ocho consultas relacionadas con ocupaciones ilegales en sentido estricto, según los datos trasladados al Colegio. El resto respondía mayoritariamente a conflictos derivados de alquileres, cesiones de uso o resoluciones judiciales que habían permitido inicialmente ocupar la vivienda.

"Lo que se detectó es que la mayoría de los casos eran ocupaciones lícitas que al final devenían ilegales", explica Montero. Esto ocurre cuando se dejan de pagar las rentas, expira el contrato y el ocupante no desaloja el inmueble o finaliza el derecho de uso reconocido por una resolución judicial.

El convenio se amplía

Ante esta realidad, la Junta y el Colegio de la Abogacía de Cáceres han ampliado el objeto del convenio para incluir expresamente los supuestos en los que una persona permanece en una vivienda una vez extinguido el título que le permitía ocuparla.

La adenda publicada en el Diario Oficial de Extremadura incorpora el "incumplimiento de la obligación contractual del arrendatario de desalojo por expiración del plazo establecido por contrato de arrendamiento", una situación conocida habitualmente como "inquiokupación". El acuerdo estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

Evita "okupación"

No obstante, el decano evita utilizar el término "okupación" para englobar todas estas situaciones. "No comprende todo lo que recoge el convenio y se le han dado connotaciones de confrontación política", sostiene. El Colegio prefiere hablar de ocupación sin título o fuera de los términos legales o contractuales establecidos.

La prórroga cuenta con una aportación de 25.000 euros, dividida en dos anualidades presupuestarias de 12.500 euros en 2026 y otros 12.500 en 2027.

Orientación antes de acudir a los tribunales

El servicio no funciona como un turno de oficio ni supone la designación automática de un abogado. Su finalidad es ofrecer una primera orientación jurídica a las personas que han perdido la posesión de una vivienda o se enfrentan a un conflicto con quien permanece en ella.

El Colegio dispone de un coordinador, integrante de su Junta de Gobierno, y de tres abogados adscritos al programa. Las consultas se reciben por teléfono o correo electrónico y se asignan al letrado que se encuentre de guardia.

Por teléfono

La primera atención se realiza habitualmente por teléfono. Cuando resulta necesario examinar un contrato, una sentencia u otra documentación, puede celebrarse una reunión presencial en la sede colegial o enviarse los documentos por vía electrónica.

"Queremos evitar que, al intentar recuperar la posesión, el propio titular pueda verse metido en algún problema legal"

Carlos Alberto Montero Juanes

El abogado informa al afectado sobre sus derechos, las vías legales disponibles y los pasos que puede seguir. Si decide iniciar acciones judiciales, deberá acudir a un profesional de su elección o solicitar justicia gratuita y abogado de oficio cuando reúna los requisitos.

Uno de los objetivos es impedir que los propietarios recurran a empresas o grupos que prometen recuperar las viviendas por métodos ajenos a los cauces legales. "Queremos evitar que, al intentar recuperar la posesión, el propio titular pueda verse metido en algún problema legal", señala Montero.

Una situación "tranquila", pero creciente

El decano considera que la incidencia de estas situaciones continúa siendo inferior en Extremadura a la registrada en comunidades como Madrid o Cataluña. Lo atribuye, entre otros factores, a que los precios de compra y alquiler son más bajos y existe una menor tensión en el acceso a la vivienda.

Aun así, asegura que los casos han aumentado frente a años anteriores, cuando eran prácticamente residuales. "Es una cuestión tranquila, pero está ahí, aumenta y está a la orden del día", resume.

Consultas

El Colegio reconoce además que el número de consultas podría ser superior si el servicio tuviera una mayor difusión, especialmente en las zonas rurales. La atención puede solicitarse desde cualquier municipio por teléfono o correo electrónico, sin necesidad de desplazarse inicialmente hasta Cáceres.

La Junta se ha comprometido a reforzar su difusión mediante las diputaciones y las mancomunidades. El Colegio confía en que esa mayor visibilidad permita llegar a afectados que actualmente acuden directamente a la Policía o a los tribunales sin haber recibido antes una orientación jurídica.