Tribunales
Declarado insolvente el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres
El Estado asumirá la responsabilidad civil de 169.000 euros tras declararse insolvente el policía condenado por homicidio imprudente
El policía junto a su abogado Ángel Luis Aparicio, en el interior de la Audincia Provincial de Cáceres, en 2022. / EP
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El policía nacional condenado de forma firme por la muerte de un preso fugado durante un traslado judicial en Cáceres en 2018 ha sido declarado insolvente, por lo que el Estado asumirá el pago de la responsabilidad civil derivada de la sentencia, según ha confirmado a el Periódico Extremadura el abogado del agente, Ángel Luis Aparicio.
Ejecución de la sentencia
La declaración de insolvencia se produce durante la fase de ejecución de la sentencia, después de que la defensa solicitara esta medida al considerar que el agente carecía de capacidad económica para hacer frente a la indemnización fijada por los tribunales. Para ello, presentó ante la Audiencia Provincial de Cáceres la documentación necesaria para acreditar su situación patrimonial.
Según ha explicado Aparicio, la declaración de insolvencia permitirá que sea el Estado, como responsable civil subsidiario, quien asuma el pago de la indemnización derivada de la condena por homicidio por imprudencia menos grave.
Más de 200.000 euros
La responsabilidad civil supera los 169.000 euros, aunque la cuantía total que debía afrontar el condenado, sumando multas, intereses y costas judiciales, ronda los 206.000 euros, una cifra que la defensa consideró inasumible en atención a su situación económica.
En la solicitud presentada durante la ejecución de la sentencia, el abogado argumentó que el policía percibe unos 1.800 euros mensuales, mantiene a dos hijos y a una esposa sin empleo y carece de recursos suficientes para hacer frente a una obligación económica de esa magnitud.
La situación se produce después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara el pasado mes de marzo la condena impuesta al agente, revocando la absolución acordada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)y recuperando el criterio de la Audiencia Provincial de Cáceres, que lo había condenado por homicidio por imprudencia menos grave.
Los hechos se remontan a 2018, cuando un preso de 24 años logró huir durante su traslado desde el Centro Penitenciario de Cáceres hasta el Palacio de Justicia. La fuga desencadenó una persecución por los aparcamientos subterráneos del complejo judicial.
Durante esa persecución, el recluso lanzó una piedra contra el agente, provocando su caída. En ese momento se produjo el disparo de la arma reglamentaria del policía, que alcanzó mortalmente al fugado. Los tribunales descartaron la existencia de intención de matar, aunque concluyeron que el fallecimiento fue consecuencia de una actuación imprudente.
En su sentencia, el TS consideró acreditado que el agente portaba el arma sin el seguro activado y con el dedo en el gatillo, una conducta que generó un riesgo innecesario y que fundamentó la condena por homicidio por imprudencia menos grave.
Paralelamente al procedimiento judicial, compañeros del Cuerpo Nacional de Policía impulsaron una campaña de apoyo económico para ayudar al agente a afrontar las consecuencias de la condena. La iniciativa, promovida a través de una plataforma de financiación colectiva y una cuenta bancaria específica, logró recaudar cerca de 40.000 euros durante el pasado mes de mayo.
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