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Denuncia del sindicato

Las custodias de presos dejan a Cáceres y Plasencia sin patrullas policiales, según JUPOL

Cáceres y Plasencia se quedaron sin patrullas de atención ciudadana en la noche del 5 al 6 de agosto por custodias hospitalarias de detenidos

Policía Nacional en la plaza Mayor de Cáceres, en una imagen de archivo.

Policía Nacional en la plaza Mayor de Cáceres, en una imagen de archivo. / Carlos Gil

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Las ciudades de Cáceres y Plasencia llegaron a quedarse sin ningún indicativo de Policía Nacional destinado a la atención ciudadana durante la noche del 5 al 6 de agosto debido a la necesidad de cubrir custodias hospitalarias de detenidos y presos, según ha denunciado el sindicato JUPOL.

La organización sindical ha alertado de que esta situación no constituye un hecho puntual, sino que responde a una práctica que, según sostiene, se repite habitualmente en los turnos de mañana, tarde y noche, cuando varias patrullas deben dedicarse a conducciones y custodias hospitalarias, reduciendo los efectivos disponibles para atender las incidencias en la vía pública.

JUPOL asegura que, en determinadas ocasiones, Cáceres y Plasencia funcionan con una sola patrulla policial para atender toda la demanda ciudadana y que, en situaciones como la registrada la noche del 5 al 6 de agosto, pueden llegar a quedarse sin ningún vehículo Z de Atención al Ciudadano.

El secretario provincial de JUPOL en Cáceres, Javier Morales, ha advertido de la gravedad de esta situación y ha señalado que hay jornadas en las que «el hospital cuenta con más vehículos policiales estacionados que los que tienen muchas comisarías».

Falta de efectivos en la calle

El sindicato atribuye el problema a la falta estructural de médicos en el centro penitenciario, que obliga a trasladar a los internos a los hospitales públicos para recibir asistencia sanitaria que, a juicio de JUPOL, debería prestarse dentro de la propia prisión.

Según la organización, las carencias de personal sanitario penitenciario provocan que los agentes tengan que asumir de forma recurrente las custodias hospitalarias, detrayendo efectivos de las unidades encargadas de la atención ciudadana.

JUPOL sostiene que esta situación supone además un incumplimiento de las directrices operativas de la Dirección General de la Policía, que establecen que los Grupos de Atención al Ciudadano deben dedicarse prioritariamente a sus funciones propias y evitar, salvo circunstancias excepcionales, su utilización para otros cometidos como las custodias hospitalarias y las conducciones.

Para el sindicato, que las dos principales ciudades de la provincia trabajen de forma habitual con una sola patrulla o incluso ninguna no puede considerarse una circunstancia excepcional, sino una muestra del incumplimiento sistemático de esas instrucciones.

JUPOL ha advertido asimismo de que la reducción de efectivos policiales en las calles dificulta la respuesta ante emergencias y puede incrementar el riesgo para los propios agentes, que afrontan intervenciones potencialmente conflictivas sin disponer del apoyo suficiente de otras unidades.

El sindicato afirma que esta problemática ya ha sido denunciada en varias ocasiones sin que, a su juicio, se hayan adoptado soluciones efectivas.

Un problema de fondo

Ante esta situación, el sindicato reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a la Junta de Extremadura que refuercen el servicio médico del centro penitenciario y avancen en la transferencia de la sanidad penitenciaria a la comunidad autónoma.

En el ámbito policial, JUPOL pide que las custodias hospitalarias se cubran con personal específico, unidades de prevención o mediante servicios extraordinarios, de forma que los indicativos de Atención al Ciudadano puedan permanecer en sus sectores y garantizar la seguridad y la respuesta policial a los ciudadanos.

Un problema estructural

JUPOL considera que el origen del problema es estructural y de ámbito nacional y lo vincula a la situación de la sanidad penitenciaria.

Recuerda que la Ley 16/2003 establece la integración de los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias en los sistemas de salud de las comunidades autónomas, un proceso que, según el sindicato, permitiría reducir las conducciones y custodias hospitalarias. Denuncia que esa integración sigue sin materializarse y reclama al Gobierno central como a la Junta de Extremadura que avancen en la solución de las carencias de la asistencia sanitaria penitenciaria. Cifra en 150 los médicos que atienden a alrededor de 56.000 internos en las prisiones españolas y asegura que el 80 % de esos facultativos se encuentra en edad de jubilación.

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