Suceso
Un perro atendido en Cáceres destapa una red de amputaciones de animales con 14 detenidos
La trama pactaba con los compradores los cortes de orejas y rabo, falsificaba documentación y enviaba vídeos con instrucciones para curar las heridas

Guardia Civil
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas e investiga a otras seis por su presunta relación con una red dedicada a comercializar perros a los que se practicaban amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo.
La investigación, enmarcada en la operación 'Goscan', comenzó después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres debido a una patología médica. Durante la atención al animal, los veterinarios detectaron que presentaba amputaciones recientes en las orejas y el rabo.

Mastín atendido en Cáceres. / Guardia Civil
Los agentes identificaron al propietario del perro, que aportó una certificación según la cual las intervenciones habían sido realizadas en Rusia, donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas. Sin embargo, las gestiones realizadas con las autoridades rusas permitieron confirmar que el documento era falso y que había sido elaborado para aparentar la legalidad de las amputaciones y eludir la normativa española.
Las pesquisas condujeron a los agentes hasta el criadero del que procedía el animal, ubicado en Alicante. En una primera fase fueron detenidas tres personas: el propietario del mastín y los dos responsables del criadero. Posteriormente, los investigadores destaparon un entramado más amplio, liderado por la propietaria del criadero, su pareja sentimental y una tercera persona, amiga de ambos, que también fue detenida.
La trama operaba en distintos puntos de España e incluso llegó a vender animales en México, al tiempo que proporcionaba a los compradores documentación falsa para tratar de dar apariencia de legalidad a las intervenciones. En total, la operación Goscan ha permitido poner a disposición judicial a 20 personas por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental.
Vídeos para enseñar a curar las heridas
La organización se dedicaba a comercializar ejemplares caninos y llegaba a pactar con los compradores los cortes de orejas y rabo en función de sus preferencias estéticas.
La actividad de la red iba más allá de la venta de los animales. Los responsables del criadero entregaban a los compradores documentación falsificada para aparentar que las amputaciones se habían realizado legalmente. Además, les enviaban vídeos explicativos en los que mostraban cómo realizar los cuidados posteriores y curar las heridas provocadas por las intervenciones.
Los investigadores han constatado que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de la documentación utilizada para justificarlas. Por estos hechos, seis personas están siendo investigadas penalmente.
Asimismo, los agentes comprobaron que varios compradores adquirieron inicialmente los perros con las orejas y el rabo intactos y posteriormente decidieron someterlos, por iniciativa propia, a este tipo de cirugías. En relación con estos hechos han sido detenidas otras nueve personas.
La investigación también permitió descubrir la participación de un veterinario colegiado, detenido por su presunta colaboración con la organización. Según las pesquisas, este profesional proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco que ya estaban firmados y sellados con su número de colegiado.
Implantaba microchips sin titulación
Posteriormente, la titular del criadero se encargaba de cumplimentar esos documentos. Los investigadores también comprobaron que ella misma implantaba los microchips a los cachorros de las camadas pese a carecer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria.
La operación ha permitido destapar así una estructura que combinaba la comercialización de animales, la realización o facilitación de amputaciones estéticas ilegales y el uso de documentación falsificada para tratar de dar apariencia de legalidad a estas intervenciones.
Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda (Alicante).
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