El BIC de la Cruz de Cáceres enfrenta dos visiones sobre patrimonio y memoria

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de la Plaza de América ha vuelto a situar el monumento en el centro del debate político de Cáceres en pleno agosto, aunque esta vez con un nuevo elemento sobre la mesa: la protección patrimonial. El Gobierno popular y Vox han celebrado la decisión de la Junta de Extremadura y la interpretan como un paso para garantizar la conservación de la Cruz y su permanencia en su emplazamiento actual, mientras que PSOE y Unidas Podemos (UP) cuestionan que se utilice esta vía para proteger un monumento cuyo origen está ligado a la Guerra Civil y consideran que la decisión entra en conflicto con la legislación de Memoria Democrática.

El alcalde Antonio Canales fue asesinado durante la Guerra Civil y la Cruz fue inaugurada por quienes estuvieron detrás de su muerte

Consuelo López

— Portavoz de Unidas Podemos

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) supone el inicio formal de un procedimiento que puede prolongarse durante meses y que, mientras se tramita, incorpora al monumento al régimen de protección patrimonial correspondiente. El expediente tendrá que determinar finalmente si la Cruz reúne los valores necesarios para obtener la declaración definitiva como BIC, con categoría de Monumento.

El Gobierno municipal del PP ha recibido la decisión como una “magnífica noticia”. El teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha defendido que la Cruz constituye un “referente del paisaje urbano” y un “punto de encuentro” para los cacereños y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará defendiendo su permanencia “por todas las vías legales”.

Bazo ha situado además la decisión de la Junta en línea con la posición que viene manteniendo el Ejecutivo de Rafael Mateos, que considera que el monumento forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. El responsable municipal ha rechazado que actualmente los cacereños perciban la Cruz como un símbolo franquista y ha defendido su valor patrimonial al margen de su origen histórico.

La documentación de la propia resolución recuerda, no obstante, ese origen. La construcción del monumento se remonta a un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en septiembre de 1937, durante la Guerra Civil, para levantar una cruz en homenaje a los caídos. La obra fue ejecutada durante el conflicto y quedó inaugurada en mayo de 1938. El Gobierno local recalca que posteriormente, en 1984, el significado del monumento quedó vinculado a una interpretación de memoria para el conjunto de los fallecidos.

No podemos acostumbrarnos a que los partidos de la derecha deciden incumplir la ley y no pasa nada

Belén Fernández

— Portavoz del PSOE

PP y Vox reivindican la protección patrimonial

Vox ha ido un paso más allá y ha atribuido el inicio del expediente a la acción institucional, administrativa y judicial que la formación ha desarrollado durante años para impedir la retirada de la Cruz. Su portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, ha recordado que Vox llevó el asunto al Congreso de los Diputados en 2020 y que este año ha presentado iniciativas tanto en el ámbito parlamentario como administrativo y judicial.

La formación también presentó en mayo un recurso de alzada contra la inclusión de la Cruz en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática y posteriormente acudió a la Audiencia Nacional. El recurso contencioso-administrativo fue admitido a trámite, por lo que la batalla judicial continúa abierta.

Para Vox, la incoación del BIC supone precisamente abrir una vía de protección patrimonial frente a la decisión de retirada y constituye un paso en la dirección que la formación venía reclamando. Gutiérrez ha insistido además en que la tramitación del expediente figuraba entre las actuaciones contempladas en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en Extremadura.

El Gobierno municipal, por su parte, ha aprovechado la decisión para cargar contra el Ejecutivo central. Bazo ha acusado al Gobierno de España de utilizar el patrimonio cacereño como elemento de confrontación y ha reivindicado la actuación de la presidenta extremeña, María Guardiola, y del consejero de Cultura, Laureano León.

La posición de PP y Vox contrasta frontalmente con la de los grupos de la oposición municipal. El PSOE considera que la incoación del BIC es una “maniobra” para sortear la Ley de Memoria Democrática y ha acusado a PP y Vox de impulsar esta vía mientras continúan pendientes de resolución los recursos administrativos y judiciales planteados contra la retirada.

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha cuestionado que se pretenda declarar BIC un símbolo que conmemora “los momentos más oscuros de nuestra historia reciente”, aunque posteriormente haya sido resignificado. También ha acusado al PP de plegarse a Vox y ha situado la decisión dentro de lo que considera una estrategia más amplia de incumplimiento de determinadas leyes.

Fernández ha incidido además en que PP y Vox han recurrido a herramientas administrativas y judiciales que todavía no han sido resueltas, por lo que, a su juicio, la Junta debería haber esperado a conocer el resultado de esos procedimientos antes de iniciar el expediente patrimonial. La portavoz socialista ha considerado que la decisión supone “una maniobra más” dentro de una dinámica en la que los partidos de la derecha deciden incumplir la ley “y no pasa nada”, y ha situado el caso de la Cruz junto a sus críticas a otras cuestiones como la Ley de Vivienda.

La oposición cuestiona que la Junta se adelante a los recursos

También UP (al igual que el PSOE) ha criticado que la Junta haya iniciado el procedimiento sin esperar a que se resuelvan las vías judiciales abiertas. Su portavoz, Consuelo López Balset, ha planteado además la coincidencia entre la publicación del expediente y el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, preguntándose si se trata de una “casualidad”.

López Balset ha defendido que las leyes “están para cumplirlas” y ha acusado al PP de negarse a hacerlo en materias como la Memoria Histórica o la vivienda. Su intervención ha incorporado además un elemento de memoria específicamente cacereño al recordar que el entonces alcalde de la ciudad, Antonio Canales, fue asesinado durante la Guerra Civil y que la Cruz fue posteriormente inaugurada por quienes, según ha señalado, "estuvieron detrás de su muerte".

La oposición cuestiona así que los valores artísticos y arquitectónicos que justifican la apertura del expediente puedan desligarse del contexto histórico en el que nació el monumento. Frente a esta interpretación, el Gobierno local defiende que el paso del tiempo y la evolución del significado de la Cruz permiten contemplarla actualmente como parte del patrimonio y del paisaje urbano de Cáceres.

No hemos cambiado de posición según el lugar: hemos defendido siempre lo mismo, que la Cruz forma parte de Cáceres y debe permanecer donde está

Eduardo Gutiérrez, portavoz municipal de Vox

El expediente BIC abre de este modo un nuevo escenario en una disputa que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente alrededor de la Memoria Democrática y de los recursos contra la retirada. La declaración patrimonial no supone todavía que la Cruz haya sido declarada definitivamente BIC, pero sí incorpora una nueva vía de protección mientras se desarrolla la tramitación.

Mientras tanto, la vía judicial permanece abierta y los grupos políticos mantienen posiciones enfrentadas sobre el futuro del monumento; en la intersección entre patrimonio, memoria e identidad urbana.