Los memorialistas plantan batalla al BIC de la Cruz de los Caídos de Cáceres: alegarán y exigen los informes

Las asociaciones memorialistas han abierto un nuevo frente contra la decisión de la Junta de Extremadura de iniciar el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, la Cruz de los Caídos de Cáceres. Los colectivos han anunciado que presentarán alegaciones contra el expediente, se personarán en su tramitación para acceder a los informes técnicos y han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar la retirada del monumento de la Plaza de América.

Un expediente abierto

La Junta de Extremadura incoó el expediente el pasado 12 de agosto, mediante una resolución del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, publicada el 18 de agosto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El procedimiento abre ahora un periodo de información pública de un mes, durante el que podrán formularse alegaciones.

La iniciativa memorialista llega después de que la Administración autonómica justificara la protección patrimonial de la cruz por sus "valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos", así como por su monumentalidad, su permanencia en el emplazamiento original y su consideración como referencia visual de la ciudad.

La resolución de incoación sostiene además que la intervención municipal de 1984, que eliminó las inscripciones y referencias explícitas de exaltación franquista, modificó sustancialmente su lectura pública y permitió desvincular su valoración patrimonial actual de su significado conmemorativo originario.

Los memorialistas cuestionan la protección

Los colectivos rechazan esta interpretación y consideran que la incoación del BIC constituye una "maniobra política" vinculada a los acuerdos entre PP y Vox y destinada, a su juicio, a impedir la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

En este sentido, reclaman que se ejecute la resolución estatal de abril de 2026 que, según las asociaciones, ordenó retirar la cruz e incluirla en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Las organizaciones recuerdan además que el monumento ya aparecía en el informe sobre nombres y símbolos franquistas en la ciudad de Cáceres, encargado por el Ayuntamiento en 2017, y en el Catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres desde 2018.

También señalan que el Pleno municipal aprobó por unanimidad el 16 de diciembre de 2004 la retirada de la cruz y su traslado al cementerio municipal.

"Símbolo de dolor" para las víctimas

Entre los argumentos que plantearán contra la protección patrimonial figura el origen del monumento. Las asociaciones sostienen que fue concebido en 1937 y construido durante la Guerra Civil con una finalidad de exaltación de la dictadura franquista.

Consideran asimismo que continúa siendo un "símbolo de dolor para las familias de las más de 677 personas ejecutadas" por la represión franquista en Cáceres entre 1936 y 1943, muchas de ellas todavía desaparecidas, según los datos aportados por los colectivos.

Los memorialistas también cuestionan los valores artísticos que justifican la incoación del BIC. Frente a la valoración realizada por la Junta, sostienen que se trata de una obra de diseño "simple y repetitivo" y que la retirada de las placas en 1984 no habría supuesto una verdadera resignificación del monumento.

Quieren acceder a los informes de la Junta

La personación en el expediente permitirá a las asociaciones conocer los informes técnicos en los que se basa la Administración autonómica. La Junta señala en su resolución que dos informes, fechados el 27 de julio y el 3 de agosto, analizaron los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales de la cruz.

Además de las alegaciones, los colectivos reclaman la anulación de la tramitación del BIC, el cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática y la publicación íntegra de los informes técnicos autonómicos.

Las firmas que se recojan durante la campaña serán remitidas a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres.

Una campaña respaldada por varias asociaciones

La iniciativa está promovida por distintas organizaciones memorialistas de Extremadura, entre ellas ARMHEx, AMECECA, el Grupo de Memoria Histórica de Garciaz, AMHD Tierra de Barros, AFAMEVVA, AMECADEC y la Asociación Matilde Landa, además de otras agrupaciones de familiares y víctimas de la Guerra Civil, la dictadura y el nazismo.

El enfrentamiento se produce así en plena tramitación del expediente patrimonial: mientras la Junta defiende que la cruz puede ser protegida por sus valores actuales y por el proceso de resignificación iniciado en 1984, los colectivos memorialistas sostienen que su origen y permanencia en un espacio público hacen incompatible su conservación con la normativa estatal de memoria democrática.