La Cruz de los Caídos de Cáceres enfila una batalla administrativa por su declaración BIC

La Cruz de los Caídos de Cáceres, situada en la Plaza de América, enfila una nueva batalla administrativa después de que la Junta de Extremadura haya iniciado el procedimiento para declararla Bien de Interés Cultural (BIC). Diversas entidades de memoria histórica de la región han anunciado que presentarán alegaciones contra la incoación del expediente y se personarán en su tramitación para acceder a los informes técnicos que sustentan la propuesta de protección patrimonial.

Las organizaciones consideran que la declaración BIC puede convertirse en un obstáculo para la eliminación de la cruz y califican la iniciativa de la Junta de “maniobra política” vinculada a los acuerdos entre PP y Vox. A su juicio, la protección patrimonial pretende evitar el cumplimiento de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y mantener en la vía pública un símbolo de la dictadura franquista.

Campaña

Las asociaciones memorialistas han puesto en marcha una recogida de firmas para reclamar la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres y exigir que se cumpla la legislación estatal de memoria democrática. La campaña se dirige a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres y coincide con la tramitación iniciada por el Ejecutivo autonómico para declarar este monumento Bien de Interés Cultural (BIC).

Las organizaciones consideran que la incoación del expediente de protección patrimonial puede dificultar la retirada de la cruz del espacio público y sostienen que la Junta está utilizando la legislación de patrimonio para mantener un símbolo vinculado a la dictadura franquista. La campaña recuerda que existe una resolución estatal que ordena su eliminación y su inclusión en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Un monumento concebido durante la Guerra Civil

En el texto de la petición, las asociaciones sostienen que la propia documentación de la Junta reconoce que la cruz fue concebida en 1937 y construida durante la Guerra Civil con una finalidad de exaltación del régimen franquista. Por ello, rechazan que pueda considerarse simplemente un monumento de carácter religioso y defienden que su origen y función están vinculados a la propaganda de la dictadura.

Los colectivos memorialistas también recuerdan que la represión franquista provocó más de 677 víctimas mortales en Cáceres entre 1936 y 1943, muchas de ellas todavía desaparecidas, y consideran que la permanencia de la cruz supone un elemento de humillación para sus familias.

Las organizaciones sostienen además que la retirada de las placas y las inscripciones del monumento en 1984 no supuso una resignificación democrática. A su juicio, eliminar esos elementos no modifica el origen ni la función para la que fue levantado.

Rechazo al valor patrimonial

Otro de los argumentos de la petición se centra en el valor artístico del monumento. Los memorialistas aseguran que los informes técnicos existentes describen una obra de diseño “simple y repetitivo”, sin la singularidad artística u originalidad que, en su opinión, justificaría su declaración como BIC.

La campaña cuestiona también el propio procedimiento impulsado por la Junta, que las asociaciones califican de “maniobra política” vinculada al acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Según sostienen, la protección patrimonial se habría planteado para evitar la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y la retirada del monumento.

Frente a ello, defienden que la memoria democrática debe abordarse mediante la investigación, la educación y la conservación de testimonios en museos y otros espacios de divulgación, y no mediante la permanencia en el espacio público de símbolos que consideran de exaltación totalitaria.

Tres exigencias a las administraciones

La petición plantea tres demandas concretas. La primera es que la Junta de Extremadura deje sin efecto el expediente de declaración BIC de la Cruz de los Caídos. La segunda reclama el cumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática y de la resolución de la Administración estatal que ordena la retirada del monumento.

La tercera exigencia es de transparencia administrativa. Las asociaciones reclaman que se hagan públicos íntegramente los informes técnicos utilizados por la Junta en la tramitación del expediente y que se valore formalmente la resolución de la Secretaría de Estado que establece la retirada de la cruz.

La campaña está promovida por una veintena de asociaciones memorialistas de Extremadura, entre ellas ARMHEx, AMECECA, la Asociación Matilde Landa, la Asociación de Represaliados del Franquismo de Fregenal de la Sierra, la Delegación en Extremadura de la Amical de Mauthausen, la Agrupación de Familiares de Desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo de Feria y colectivos de memoria de distintas localidades extremeñas.