Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: "Voy a luchar para que se quede donde está"

El futuro de la Cruz de la plaza de América de Cáceres entra en una fase decisiva con dos posiciones que siguen chocando de frente. Este martes, cuando se cumplen los tres meses desde la resolución del Gobierno central que dio ese plazo máximo para retirar el monumento, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, vuelve a dejar clara su postura: no contempla dar marcha atrás y defenderá que permanezca donde está. «Voy a luchar porque la Cruz, que es un elemento integrador en la ciudad de Cáceres, se mantenga donde está», asegura.

Mateos, reincorporado tras su vuelta de vacaciones, considera que la controversia está ya «superada» para buena parte de la sociedad cacereña y acusa a la oposición de intentar mantener vivo un enfrentamiento que, según sostiene, no existe en la calle. «Yo no estoy en el pasado, la ciudad de Cáceres ya no está en el pasado. Es una ciudad que afortunadamente mira al futuro», afirma el regidor, que insiste en que la Cruz «no es un elemento que separe, que divida o que distorsione, sino todo lo contrario».

La posición del alcalde no cambia: «No voy a generar polémica donde no la hay», sentencia Mateos. Sus palabras llegan, sin embargo, en uno de los momentos de mayor movimiento administrativo, judicial y político alrededor de un monumento levantado durante la Guerra Civil y que lleva meses enfrentando al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura con el Gobierno de España.

Tres meses desde la orden de retirada

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática dictó el pasado 25 de mayo una resolución que mantenía la Cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática y daba al Ayuntamiento un plazo máximo de tres meses para retirarla del espacio público, custodiarla e impedir su exposición pública. El consistorio recurrió y solicitó también la suspensión de esas medidas, pero Memoria Democrática rechazó posteriormente el recurso municipal.

El conflicto ha acabado así en los tribunales. El Ayuntamiento acordó primero personarse como codemandante ante la Audiencia Nacional en el procedimiento abierto a raíz del recurso planteado por Vox y, posteriormente, el pasado 17 de julio decidió interponer además su propio recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno. Mateos ya había advertido semanas antes de que el consistorio agotaría las vías legales para evitar la retirada.

Pero el tablero cambió de nuevo este mes. La Junta de Extremadura ha iniciado el expediente para declarar la Cruz Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento. La resolución fue firmada el 12 de agosto y publicada en el DOE el día 18, apenas una semana antes de que se cumplieran los tres meses establecidos en la resolución estatal. No supone que la Cruz sea ya definitivamente BIC, pero sí activa desde la incoación una protección patrimonial provisional.

La legislación extremeña establece que la apertura de un expediente BIC conlleva de forma inmediata el régimen provisional de protección y, para los inmuebles, suspende las licencias de derribo que estén en tramitación y los efectos de las ya concedidas. La Junta justifica la iniciativa en los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales del monumento y en su consideración como un «hito urbano» de Cáceres.

De 1938 a la intervención de 1984

El propio expediente autonómico reconoce que el monumento nació de un acuerdo municipal de septiembre de 1937, fue levantado en plena Guerra Civil e inaugurado en mayo de 1938. Sin embargo, la Junta considera determinante la intervención llevada a cabo en 1984, cuando se eliminaron las inscripciones y referencias explícitas de exaltación franquista. Esa actuación, sostiene el informe, modificó su lectura pública y permite valorar actualmente la Cruz por sus características patrimoniales y urbanísticas, desvinculándola de su significado conmemorativo original.

El inicio de la protección BIC tampoco ha cerrado la controversia. Al contrario. Varias asociaciones memorialistas aseguran haber reunido ya unas 3.000 firmas para exigir la retirada inmediata de la Cruz y han anunciado que presentarán alegaciones contra el expediente de la Junta. La resolución autonómica mantiene abierto durante un mes el periodo de información pública, por lo que la batalla administrativa continuará en las próximas semanas.

En ese escenario, Mateos no modifica una posición que viene defendiendo desde el inicio del procedimiento. Para el alcalde, los cacereños han dejado atrás la discusión sobre el significado político del monumento y la Cruz forma ya parte de la imagen y de la vida cotidiana de la ciudad. «Creo que es un debate que está superado», insiste. Mientras la Audiencia Nacional debe pronunciarse y la Junta tramita la declaración BIC, el regidor resume así cuál será la posición del Ayuntamiento: pelear para que la Cruz continúe en la plaza de América.