Los memorialistas llevan al Defensor del Pueblo el conflicto por la Cruz de los Caídos de Cáceres y exigen dimisiones en la Consejería de Cultura y Patrimonio

Las asociaciones de memoria histórica y democrática de Extremadura han llevado al Defensor del Pueblo el conflicto abierto en torno a la Cruz de los Caídos de Cáceres, después de que el pasado 25 de agosto venciera el plazo dado por el Gobierno central para retirar el monumento y mientras la Junta de Extremadura tramita su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Los colectivos han presentado este viernes una queja conjunta y han anunciado además alegaciones contra el expediente patrimonial.

La iniciativa está respaldada por una quincena de asociaciones memorialistas extremeñas, que solicitan al Defensor del Pueblo su "intervención urgente" para determinar si la protección patrimonial promovida por la Junta puede impedir el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que incluyó la Cruz de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público.

El plazo de tres meses fijado en esa resolución concluyó el pasado martes, 25 de agosto, sin que el Ayuntamiento de Cáceres haya ejecutado la retirada. Las asociaciones consideran que esta situación plantea un conflicto entre la resolución estatal y la protección cautelar derivada de la incoación del expediente BIC por parte de la Junta.

Los memorialistas cuestionan la declaración BIC

Precisamente, los memorialistas han pedido al Defensor del Pueblo que determine si la actuación de la Administración autonómica supone un "uso inadecuado" de la figura de Bien de Interés Cultural para eludir la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática. La Junta publicó la incoación del expediente el 18 de agosto, una decisión que otorga protección patrimonial preventiva al monumento mientras continúa la tramitación.

Las asociaciones también han anunciado la presentación de alegaciones contra la declaración BIC. Consideran que el expediente está vinculado al acuerdo político entre PP y Vox y sostienen que la protección patrimonial persigue garantizar la permanencia de un monumento cuyo origen está relacionado con la exaltación del franquismo. Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada por los colectivos memorialistas.

Uno de los aspectos que los colectivos consideran más polémicos es la utilización en el expediente de trabajos historiográficos cuyos autores, según han denunciado públicamente, consideran que sus investigaciones han sido empleadas para justificar una declaración patrimonial contraria a las conclusiones de sus propios estudios.

Piden la dimisión de la responsable de Patrimonio

En concreto, han reclamado la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, a quien atribuyen la responsabilidad de la tramitación del expediente. Los memorialistas consideran que el procedimiento está deteriorando la credibilidad de las instituciones culturales extremeñas y generando una "innecesaria confrontación social e institucional".

La polémica se produce después de que el pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobara por unanimidad en diciembre de 2004 el traslado de la cruz al cementerio municipal, una decisión que nunca llegó a ejecutarse. Las asociaciones recuerdan además que el monumento fue promovido en 1937 e inaugurado durante la Guerra Civil con elementos de exaltación del régimen franquista, aunque posteriormente se modificaron sus inscripciones y símbolos.

Mientras continúa el procedimiento administrativo, la campaña para reclamar la retirada del monumento supera ya las 3.600 firmas. Los colectivos han anunciado que mantendrán la movilización y han destacado también el apoyo recibido del colectivo de artistas, escritores y creadores de Cáceres, que vincula la conservación de los espacios urbanos y el patrimonio con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.