La Junta niega haber manipulado el trabajo de historiadores para declarar BIC la Cruz de Cáceres

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura ha negado que haya tergiversado o manipulado los trabajos de los historiadores César Rina Simón y Miguel Ángel del Arco incorporados al expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres. La respuesta se produce después de que Rina haya solicitado formalmente que su nombre sea retirado de la documentación del procedimiento, según ha informado la Asociación Memorialista de Cáceres (AMECECA).

La Consejería sostiene que los estudios de ambos historiadores se han utilizado únicamente como fuentes documentales sobre el origen y el contexto histórico del monumento, sin atribuirles ninguna valoración sobre si la Cruz debe ser declarada o no BIC.

“Sus estudios simplemente se citan como fuente documental rigurosa sobre el origen y contexto histórico de la Cruz de los Caídos”, señala la Consejería, que añade que en el expediente no se atribuye a los investigadores “ningún juicio de valor sobre la procedencia o improcedencia de declarar el monumento Bien de Interés Cultural”.

La controversia se produce en plena tramitación del expediente abierto por la Junta para otorgar protección patrimonial a la Cruz de los Caídos, situada en la Plaza de América. Las organizaciones memorialistas consideran que esta declaración podría impedir la retirada del monumento en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y han llevado el conflicto al Defensor del Pueblo.

César Rina ha pedido retirar su nombre del expediente BIC, mientras la Junta sostiene que sus investigaciones solo se han utilizado como fuente documental histórica

Rina pide que su nombre salga del expediente

El historiador y profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED César Rina Simón ha solicitado a la Administración autonómica que retire su nombre del expediente, según AMECECA. La asociación sostiene que sus investigaciones están siendo empleadas para respaldar una declaración BIC que el historiador no comparte.

Rina es autor de trabajos académicos relacionados con la construcción de la memoria franquista en Cáceres y con el significado de los monumentos conmemorativos de la dictadura. AMECECA afirma que esos trabajos han sido incorporados a la documentación utilizada por la Junta para fundamentar la protección patrimonial de la Cruz.

La asociación ha señalado además que otros historiadores citados en el expediente han cuestionado públicamente la utilización de sus investigaciones, aunque la petición formal para retirar su nombre del procedimiento corresponde, según AMECECA, a Rina.

La Consejería, por su parte, recuerda que el expediente se encuentra actualmente en fase de exposición pública, por lo que cualquier persona o institución, incluidos los propios historiadores, puede presentar las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo establecido.

“Todas las alegaciones serán analizadas debidamente y contestadas antes de que termine el procedimiento para la declaración de BIC”, afirma la Administración autonómica, que insiste en que se trata de un procedimiento administrativo reglado.

La Junta defiende que sigue el procedimiento legal

La Consejería de Cultura asegura que la tramitación se está realizando conforme a los pasos establecidos en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. La Junta evita así entrar a valorar las acusaciones de los colectivos memorialistas sobre el uso político de la figura del BIC.

La controversia se suma a la queja presentada este viernes ante el Defensor del Pueblo por una quincena de asociaciones memorialistas, que han pedido a esta institución que determine si la protección patrimonial puede impedir el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de 17 de abril de 2026.

Esta resolución incluyó la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público. El plazo de tres meses fijado para ejecutar la retirada concluyó el pasado 25 de agosto sin que el Ayuntamiento de Cáceres haya desmontado el monumento.

Los colectivos memorialistas han anunciado que presentarán alegaciones al expediente BIC y han reclamado también la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta, Adela Rueda, a quien responsabilizan de la tramitación del procedimiento.

La Cruz de los Caídos fue promovida por el Ayuntamiento franquista de Cáceres en 1937 e inaugurada durante la Guerra Civil como monumento de homenaje a los combatientes franquistas. Las asociaciones recuerdan que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004 su traslado al cementerio, aunque el acuerdo nunca llegó a ejecutarse.

La polémica enfrenta así dos actuaciones administrativas sobre el mismo monumento: por un lado, la orden estatal de retirada por su consideración contraria a la memoria democrática y, por otro, el expediente de la Junta para otorgarle la máxima protección patrimonial mediante su declaración como BIC.