Un juzgado falla que Alfredo Aguilera incurre en incompatibilidad como alcalde de Malpartida de Cáceres

Los socialistas manifiestan que Aguilera “debe dejar la alcaldía” y ya denunciaron que el regidor “incumplía la Ley Electoral si no renunciaba a su acta”, por lo que solicitaron (en febrero de 2021) un pleno extraordinario para revocar al alcalde independiente, que abandonó las filas del PP a principios de 2020 y consiguió mantenerse en el sillón de alcaldía cuando los cinco concejales populares del anterior ejecutivo se dieron de baja en el partido y pasaron al grupo independiente. 

El PSOE acudió a los tribunales y el juzgado ha resuelto anular el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres de 23 de febrero de 2021 “por ser contrario a Derecho, en orden a proveer la sustitución del alcalde al estar incurso en causa de incompatibilidad”. En ese pleno extraordinario se votó la revocación de Aguilera como alcalde, que no salió adelante porque el regidor contó con la mayoría necesaria de su equipo. En concreto, la mayoría plenaria optó por "no tomar en conocimiento la incompatibilidad del alcalde, conociendo la la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que desestima el recurso de Aguilera y confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, de 17 de julio de 2019" que le condenó a dos años y medio de alejamiento de su ex mujer por un delito de maltrato y a 20 días de libertad vigilada por otro leve continuado de vejaciones.

A este respecto, la sentencia del Contencioso-Administrativo deja claro que "no existe controversia sobre los datos fácticos esenciales".

Tampoco salió adelante otra votación idéntica en una sesión plenaria de octubre de 2020, que no declaró la incompatibilidad y consiguiente vacante de Aguilera, “a pesar de que así lo establecía un informe emitido por el Secretario Interventor del Ayuntamiento”, especifican desde el PSOE, que decidió, finalmente, acudir a los tribunales.

DEMANDA DEL PSOE

Al respecto, el PSOE provincial esgrimía en su demanda que “la Ley Electoral dice expresamente que aquellos condenados por sentencia firme deben de abandonar inmediatamente su acta de concejal, por un tema de incompatibilidad”.

Los socialistas denunciaron que “haciendo caso omiso a lo dispuesto en las normas e informe del asesor jurídico municipal”, Aguilera “se ha atornillado al sillón municipal, obligando al PSOE de Malpartida de Cáceres a ejercer las acciones judiciales pertinentes para restablecer la legalidad vulnerada en el ayuntamiento; lo que ha sido confirmado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo”.

Para el PSOE, la sentencia “refuerza que Aguilera no puede seguir siendo concejal y, en consecuencia, alcalde. Con su actitud, no sólo está perjudicando el buen nombre de los malpartideños por estar gobernados por un regidor tres veces condenado judicialmente, sino también por el perjuicio a las arcas municipales, pues va a suponer un gasto adicional de alrededor de 20.000 euros”.

Eso, según el PSOE, es lo que “se ha invertido en contratar con dinero público a un abogado externo para dirimir una causa privada que pretende presentar como institucional, alegando que afecta a la figura de alcalde”.

“No entiende”, añaden los socialistas, “que no ha cometido un delito grave en el ejercicio de sus funciones sino en su vida personal”, por lo que “los fondos para costear a abogados que defiendan sus causas personales no deberían salir del dinero público sino de su bolsillo”.

Por último, destacan que “el pueblo de Malpartida de Cáceres necesita que sus representantes sean dignos del puesto que ocupan, y no estén manchados por pronunciamientos judiciales, que les condenen por violencia de género y le declaren como inhabilitado para seguir siendo cargo público”.

También insisten en que la alcaldía la ganó en las urnas el PP y que “a ellos les corresponde asumir dicha responsabilidad”.