Alberto Casero, exalcalde del municipio trujillano y actual diputado del Partido Popular en el Congreso, está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, por un presunto delito de prevaricación continuada.
Al parecer, la cuestión, en este momento, está enfocada en las contrataciones que Casero hizo durante su etapa como alcalde, desde 2011 a 2019, en el ayuntamiento trujillano, sin cumplir con los requisitos legales estipulados para la contratación pública.
Actualmente y tras recibir la denuncia, el juzgado ha iniciado las diligencias y se está centrando en recabar la información y documentación pertinente con el fin de comprobar si hay o no indicios de delito, para poder continuar con el proceso.
De esta manera y una vez finalizada la investigación, la causa se derivaría al Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que el exalcalde es diputado nacional y solo puede ser investigado por esta vía.
Concretamente, el pasado octubre, la corporación actual puso en manos de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas todos los pagos reclamados por diferentes empresas a través de los tribunales y que según José Antonio Redondo, no se podían abonar si no lo decía un juzgado. En total, alrededor de una docena de reclamaciones de las que no tenían conocimiento y que se habían encontrado al llegar al consistorio.
Entre ellas, destacaba una de 30.000 euros por parte de la Cámara de Comercio de Perú en España; otra por valor de 56.628 euros derivados de la celebración de los premios PopEye a las que se suma la de un psicólogo que prestó servicios a mujeres víctimas de violencia de género y al que se le adjudicaron cinco contratos.
Este diario ha tratado de ponerse en contacto hoy, sin éxito, con Alberto Casero para que valorase esta información.
