El PSOE Provincial ha mostrado su apoyo al alcalde socialista de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, que “ha sido nuevamente señalado por el colectivo ultra Abogados Cristianos por cumplir con la legislación vigente”, en referencia a la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Cáceres por un presunto delito de prevaricación por el traslado de la Cruz de los Caídos.

Se trata de una querella penal interpuesta por el citado colectivo Abogados Cristianos, que acusa al alcalde de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio, y ha solicitado su inhabilitación para ejercer un cargo público.

“Desde la Ejecutiva del PSOE Provincial damos nuestro apoyo total y absoluto a todas las decisiones tomadas por Rafael Pacheco y su equipo de gobierno, que no han hecho otra cosa más que cumplir la ley”, señalan desde el Comité Ejecutivo Provincial (CEP). 

“Es absolutamente inadmisible que un alcalde tenga que verse señalado y enjuiciado por aplicar la legislación y apartado de sus preocupaciones reales, que son las de dar soluciones a la ciudadanía del Casar de Cáceres”, ha señalado el portavoz del CEP, Álvaro Sánchez Cotrina. 

“Nos gustaría escuchar que este colectivo, cuyas reclamaciones no representan el sentir de la ciudadanía casareña, se dedica a trabajar por mejorar la vida de la gente en lugar de perseguir a cargos públicos y bloquear los juzgados con denuncias infundadas”, incide el portavoz.

En ese sentido, el también miembro del CEP y secretario general de la Agrupación Socialista cacereña, Jorge Amado Borrella, ha precisado que los vecinos del municipio “están satisfechos con la actuación realizada y que, desde la propia Iglesia, de quien depende el cementerio del pueblo, no han mostrado ninguna contrariedad a la decisión tomada por el alcalde en aras de cumplir con la legislación en materia de Memoria Histórica y Democrática”. 

“Entendemos que lo que este colectivo busca es la atención mediática; si no, como mínimo sabrían que esa cruz no se encontraba siquiera en su ubicación original y se habrían molestado también en pedir la opinión de las casareños, por los que dicen hablar”, concluye Borrella.