«Lo iniciaron por vía contenciosa y ahora se tramita la posibilidad de abrir un juicio por la vía penal», explica el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, con respecto al hecho de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cáceres haya abierto diligencias contra el regidor por un presunto delito de prevaricación por el traslado de la Cruz de los Caídos al cementerio municipal.
«Nos pedirán algún informe y nos llamarán a prestar declaración. Pero yo estoy muy tranquilo porque se han seguido los pasos administrativos preceptivos». Pacheco, además, recuerda que es la quinta vez que se traslada la cruz.
La Cruz de los Caídos ha estado en la plaza de toros, el arandel de la iglesia y en otras avenidas y calles del municipio. Ahora, asegura el alcalde, «está perfectamente integrada en el camposanto, y todo el mundo, incluso lo más escépticos, están a favor del cambio».
Apoyo del PSOE Provincial
El PSOE Provincial ha mostrado su apoyo al alcalde socialista, que «ha sido nuevamente señalado por el colectivo ultra Abogados Cristianos por cumplir con la legislación vigente». Se trata de una querella penal interpuesta por el citado colectivo, que acusa al alcalde de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio, y ha solicitado su inhabilitación para ejercer cargo público.
«Desde la Ejecutiva del PSOE Provincial damos nuestro apoyo total y absoluto a todas las decisiones tomadas por Rafael Pacheco y su equipo de gobierno, que no han hecho otra cosa más que cumplir la ley», señalan desde el Comité Ejecutivo Provincial (CEP).
«Es absolutamente inadmisible que un alcalde tenga que verse señalado y enjuiciado por aplicar la legislación y apartado de sus preocupaciones reales, que son las de dar soluciones a la ciudadanía del Casar de Cáceres», señala el portavoz del CEP, Álvaro Sánchez Cotrina.
«Nos gustaría escuchar que este colectivo, cuyas reclamaciones no representan el sentir de la ciudadanía casareña, se dedica a trabajar por mejorar la vida de la gente en lugar de perseguir a cargos públicos y bloquear los juzgados con denuncias infundadas», incide el portavoz.
En ese sentido, el también miembro del CEP y secretario general de la Agrupación Socialista cacereña, Jorge Amado Borrella, precisa que los vecinos «están satisfechos con la actuación» y que, «desde la propia Iglesia, de quien depende el cementerio, no han mostrado ninguna contrariedad a la decisión, tomada en aras de cumplir con la legislación en materia de Memoria Histórica y Democrática». Y apunta a que el colectivo demandante solo «busca atención mediática».
