El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha mostrado su malestar con la Junta de Extremadura por la «decisión arbitraria» de denegar la realización de un curso de formación profesional de «Operaciones Básicas de Cocina» dentro del Programa Colaborativo Rural, porque, según la Directora General de Calidad del Empleo del SEXPE, el consistorio «no dispone de una cocina lo suficientemente grande (90 metros cuadrados) para impartir este curso».
Según el ayuntamiento, «no existe norma alguna que establezca este mínimo para impartir un curso que no posee Certificado de Profesionalidad; certificado que establece el requisito de superficie mínima».
Ante la inexistencia de esta norma, la Dirección General establece un «paralelismo injustificado y restrictivo», que el ayuntamiento considera «perjudicial» para los 10 jóvenes que iban a beneficiarse de esta formación «tan demandada, y para los que ya había seis compromisos de contratación en establecimientos locales».
Además, «resulta sorprendente que en esta misma cocina que ahora se considera insuficiente se autorizó e impartió durante 2019 y 2020 un curso de cocina de la Escuela Profesional de la Mancomunidad Tajo-Salor, para un total de 15 alumnos.
Además, el informe de viabilidad realizado por los técnicos del SEXPE, que valora todos los requisitos exigidos en cuanto a instalaciones, personal docente, datos de desempleo, unidades formativas, etc., «es favorable en todos los puntos. A pesar de todo ello, se añade una conclusión final denegatoria por falta de espacio en contra de lo contemplado en el informe».
El consistorio subraya su disconformidad y considera que esta decisión «no responde a razones objetivas y que, en lugar de una interpretación favorable para dar oportunidades de futuro en un pueblo que lucha contra la despoblación, opta por una opción restrictiva, perjudicial y carente de justificación legal».
Por ello, insta a la Junta de Extremadura a reconsiderar esta decisión, «que supone quitar oportunidades a jóvenes que quieren echar raíces en sus pueblos, que no quieren tener que irse a otras comunidades a trabajar y que no merecen que criterios subjetivos supongan un obstáculo para su futuro».
Para el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, «con esta decisión se traiciona el espíritu de estas acciones formativas, pues en su preámbulo se establece que el decreto contribuye al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural luchando contra el desempleo».
