La provincia cacereña es la séptima de España con mayor riesgo de exclusión financiera. Así lo puso de manifiesto este año un estudio del Banco de España, que estipulaba que, al menos, un 15% de los habitantes de la provincia no disponían de un cajero para sacar efectivo, y tienen que desplazarse un mínimo de 5 kilómetros para obtener dinero con la tarjeta.
Un problema que afecta a las zonas rurales, pero que se está extendiendo a núcleos de población más grandes debido al cierre de oficinas por parte de las entidades financieras, para maximizar beneficios con la ayuda de la banca online y el despido de trabajadores.
Ante esta situación de exclusión rural, que avanza con el cierre de sucursales, la Diputación de Cáceres y Cajalmendralejo han acordado ampliar la operatividad de los cajeros automáticos de la entidad en 12 municipios rurales hasta mediados de febrero, mientras se trabaja en la firma de un convenio por cinco años para mantener los servicios. Es decir, que se trabaja casi a contrarreloj para frenar esta coyuntura.
Además, ante el anuncio del cierre de nuevas oficinas por la fusión de entidades financieras, se trabaja en el diseño de un nuevo plan de ayudas, que saldrá a concurso público en próximas fechas, para evitar la exclusión financiera de la zona rural; basado en la información que en el primer trimestre del año solicitó la Diputación de Cáceres a los ayuntamientos sobre la situación de los servicios financieros.
El presidente de la Diputación cacereña, Carlos Carlos, y la vicepresidenta segunda y diputada de Economía y Hacienda, Isabel Ruiz, así como alcaldes de los municipios afectados, han mantenido un encuentro con representantes de Cajalmendralejo, en la sede cacereña del Chalé de los Málaga.
El objetivo: adelantarse a los problemas que pudieran surgir el 1 de enero, fecha en la que los únicos cajeros automáticos en los 12 municipios quedarían inoperativos por asuntos relacionados con la actualización del software.
En cuanto al citado convenio, tendrá una vigencia de cinco años y la financiación del coste por cajero y año, de 20.000 euros, se repartirá al 33% entre Diputación y Cajalmendralejo; el resto, el 34% (unos 6.800 euros anuales), entre los ayuntamientos de cada municipio afectado. Por lo que cada consistorio tendrían que abonar en un lustro 34.000 euros para que sus ciudadanos puedan disfrutar de un cajero automático.
Ya en 2018 se estableció una línea provincial de ayudas de 250.000 euros, destinada a localidades menores de 20.000 habitantes que, debido al cierre de oficinas, quedaban sin los servicios bancarios básicos, lo que afectó a 44 municipios.
Cajalmendralejo fue la entidad que comenzó a prestar el servicio, en función de la demanda de cada ayuntamiento, en 34 de los municipios, y en 12 de ellos con la instalación o mantenimiento de cajeros automáticos.
