El pasado 12 de enero, el Ayuntamiento de Serradilla sorprendía a propios y extraños con un bando en el que ordenaba el cierre de dos caminos públicos del Parque Nacional de Monfragüe: la Ruta Marrón, que es peatonal y puede hacerse también a caballo; y la Ruta Negra, habilitada para el tránsito de vehículos a motor y puede hacerse también a caballo o en bicicleta.
Se trata de dos vías muy utilizadas, no solo por los senderistas sino por los propios vecinos, que unen Serradilla con Villarreal de San Carlos (su pedanía).
Algunos partidos, como Cacereños por Cáceres, se hicieron eco de esta decisión que habría tomado la dirección del Parque, esgrimiendo la protección del entorno natural. Una protección que se alargaría hasta septiembre. Y otros colectivos han calificado de «atropello» esta nueva «ocurrencia» de la dirección del Parque.
Tal es así, que el consistorio se ha visto obligado a publicar un nuevo bando, donde su alcalde, Francisco Javier Sánchez Vega, ordena la reapertura de los caminos.
El regidor sostiene que no ha recibido «ningún tipo de comunicación formal o escrita por la autoridad competente», ya que la orden se trasladó vía telefónica por una trabajadora de la Oficina de Información de la pedanía. Y añade que «tras realizar las debidas consultas legales y documentales, el bando queda sin efecto y los caminos vuelven a estar abiertos a la circulación».
Eso sí, el bando hace especial hincapié en recordar a los usuarios de los citados caminos que los recorran con responsabilidad y sin causar molestias a las especies protegidas del Parque Nacional y su entorno.
Amigos de Monfragüe
El presidente de Amigos de Monfragüe, Paco Castañares, asergura que la prohibición es una medida «desproporcionada, innecesaria, ilegal y que viola gravemente derechos fundamentales». Una medida de la dirección del Parque que contaría con el refrendo de la Junta de Extremadura.
«Hemos asistido con cierta perplejidad a la supuesta orden dictada por el Director del Parque Nacional, que cuenta al parecer con el refrendo del Director General de Sostenibilidad y la Consejera de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura», asegura Castañares.
Y añade que «no hay nada que explicite la base legal para establecer esa prohibición, ni comunique los plazos y las autoridades y tribunales ante las que pueden formularse los correspondientes recursos de alzada y contencioso administrativo. Es decir, un auténtico atropello legal el que han hecho contra los vecinos de Serradilla y Villarreal de San Carlos, que se sienten absolutamente indefensos y privados de sus derechos constitucionales como veremos más adelante».
