Un total de 41 municipios ha solicitado ayudas del plan que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres para hacer frente a la exclusión financiera en municipios con menos de 20.000 habitantes. Para ello, se cuenta con una dotación presupuestaria de casi 1,6 millones (1,59 millones) de euros con el objetivo de dotar de oficinas y/o cajeros a los municipios afectados por los cierres de instalaciones por parte de las cajas y entidades bancaria.
Con la ayuda que obtengan las localidades podrán ejecutar las obras necesarias para la instalación de las oficinas, así como de los cajeros automáticos que se designen. Las oficinas estarán abiertas al menos una vez en la semana, y un mínimo de 3 horas semanales, durante el periodo subvencionable y los cajeros deberán contar con unas dotaciones mínimas que permitan al menos la disposición de dinero en efectivo, tanto con tarjeta como con libreta así como la consulta de saldos.
También se podrá optar por la instalación de oficina sin cajero, con lo que la ayuda comprenderá la ejecución de las obras necesarias para la instalación de las oficinas y la equipación con todos los elementos que se precisen para su puesta en marcha
Si se opta solo por la instalación de cajero, estos deberán contar con unas dotaciones mínimas que permitan al menos la disposición de dinero en efectivo, tanto con tarjeta como con libreta así como la consulta de saldos.
Los ayuntamientos ejercerán como entidades colaboradoras y receptoras de los fondos de la subvención para proceder a su posterior entrega y distribución a la entidad beneficiaria, según la información facilitada por la diputación cacereña.
El presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, manifestó en su día que si se van sumando municipios a esa exclusión financiera se seguirán haciendo convocatorias para incluirlos porque "el objetivo final de la Diputación de Cáceres es la lucha contra la despoblación, es el reto demográfico y creemos que la exclusión financiera es un ataque más a la despoblación".
La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un plan para dar respuesta a los problemas derivados del cierre de oficinas en el medio rural. Para ello, se ha solicitado a los distintos ayuntamientos información sobre su situación y se han manteniendo reuniones con alcaldes cuyos municipios se encuentran en situación de exclusión financiera.
