por presuntos delitos de prevaricación y malversación de albero casero cuando era regidor
Suspendida la declaración de exconcejales y exinterventores en el 'caso Casero'
Estaba prevista la declaración como testigos los días 12 y el 13 de diciembre de antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Trujillo
Alberto Casero. / europa press
Europa Press
La declaración como testigos prevista para el 12 y el 13 de diciembre de antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Trujillo ante el juez del Tribunal Supremo que instruye el conocido como 'caso Casero' se ha suspendido sin fecha, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Estaba previsto que el magistrado Andrés Palomo escuchase como testigos a concejales e interventores del consistorio como parte de las pesquisas sobre el exalcalde del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación a raíz de determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de dicho municipio en 2017 y 2018.
En concreto, el juez llamó a sede judicial a Álvaro Casas, exsecretario del Ayuntamiento de Trujillo; Jesús Hernández, exinterventor interino; y Rafael Rebollo, exconcejal de Juventud y Educación.
El instructor también acordó escuchar a Soledad Corrales, exconcejal delegada de Servicios Sociales; José Antonio Ramos, exinterventor; y a José Luis Bermejo, funcionario municipal que entonces era secretario de la Comisión de Violencia de Género.
El TS dio este paso después de que el Congreso autorizara el pasado 6 de octubre a proceder penalmente contra Casero. En una exposición razonada, Palomo detalló indicios de que el entonces alcalde concertó con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, "incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso".
El Supremo investiga al diputado del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó otra exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos a Casero como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.
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