Alía y Casar de Cáceres explican su millonaria deuda pública: "Gastos de la residencia de mayores"

Hace apenas unas semanas, este diario publicó los datos del Ministerio de Hacienda sobre los municipios que tienen deuda pública. La provincia de Cáceres contaba, a finales de 2024, con 43 municipios en la lista de deudores. La deuda a nivel provincial se rebajó en un 29%, apareciendo 17 millones de euros menos que en 2023. Esto se produjo gracias, en buena parte, a que la capital la dejó a cero tras pagar 13 millones hace apenas un año. Sin embargo, otros de los municipios que aparecen en el listado y que son llamativos por sus cuantías a deber han tenido que salir al paso en sus redes sociales ante las críticas vecinales para defender su gestión. Son los ejemplos de Alía y Casar de Cáceres.

Transparencia

En primer lugar, los alianos, en un ejercicio de transparencia, aclararon la situación actual de sus cuentas municipales. Además, denunciaron que vienen sufriendo críticas «de quienes asisten a los plenos y aprueban la cuenta general», documentos en los que se detallan las deudas y patrimonio municipal.

Cantidad adeudada

Aseguran que la cantidad adeudada en la actualidad procede de una financiación destinada a la construcción de la residencia de mayores. «No se trata que tengamos que pagar a proveedores, o que haya obreros sin pagar. Es una operación con entidades financieras, completamente transparente y publicada en la web del ministerio». Para ellos, la residencia de mayores ha sido una inversión real para dar servicio a los vecinos, con 68 plazas de residentes y 24 puestos de trabajo estables.

Aumento del patrimonio

Además, el ayuntamiento saca pecho de que, desde el año 2011, el patrimonio municipal ha crecido desde los 900.000 euros hasta los 10 millones gracias a una «excelente, responsable y transparente gestión». «Aunque algunos la hayan querido llamar obra faraónica, la realidad demuestra todo lo contrario. No es despilfarrar, es saber gestionar», concluye.

Casar de Cáceres

Por su parte, el ayuntamiento casareño también aclaró el origen de la deuda para garantizar el derecho a la información de sus vecinos. Según indican, la deuda existente se deriva de un préstamo solicitado por el anterior equipo de gobierno socialista de dos millones de euros para financiar las obras de la residencia de mayores, que supone una inversión total de 4,5 millones. «Dicho crédito se tramitó sin contar con el preceptivo informe favorable del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España sobre la capacidad de financiación del consistorio. Este informe, que es obligatorio para operaciones de crédito de estas características, resultó negativo para el municipio, lo que significa que no se cumplían los parámetros establecidos por la normativa estatal para endeudarse en esos términos», señalan.

Medidas

A pesar de ese dictamen, el préstamo fue normalizado, «generando una carga financiera que actualmente afecta al presupuesto municipal y limita la capacidad de inversión». Los populares tratan de adoptar ahora las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones financieras heredadas, garantizar la viabilidad económica y mantener la prestación de servicios públicos.

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