La Mancomunidad Tajo Salor deberá abonar más de cuatro mil euros al Ayuntamiento de Malpartida tras la sentencia del TSJEx

Hace más de 30 años el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres cedió un local de casi 400 metros cuadrados a la Mancomunidad Tajo Salor. Los problemas iniciaron cuando llegado el momento, la corporación se negó a abonar los gastos de comunidad que genera el local, haciendo a su vez caso omiso a los requerimientos del Ayuntamiento.

Funciones de la Mancomunidad Tajo Salor

La Mancomunidad Tajo Salor es una asociación de municipios de la provincia de Cáceres creada con el objetivo de gestionar de forma conjunta servicios y proyectos que beneficien a los municipios que la integran. Fue constituid­a en 1991 con sede en Arroyo de la Luz y cuenta con la participación de quince localidades de la zona.

Entre sus principales acciones y funciones se encuentran la prestación de servicios mancomunados de carácter supramunicipal, como la gestión de servicios sociales de base, reciclaje y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, limpieza urbana, mantenimiento de infraestructuras y viales, asesoramiento técnico y urbanístico, así como la promoción del desarrollo local a través del fomento del turismo, la cultura, el deporte, la formación y el empleo.

Asimismo, la Mancomunidad desarrolla proyectos formativos y de empleo dirigidos a jóvenes y desempleados, organiza actividades comunitarias, como convivencias o cursos, y gestiona programas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus municipios asociados.

Una sentencia a favor del ayuntamiento

Ante la reiterada negativa, que mantuvieron los tres últimos presidentes de la mancomunidad, el ayuntamiento malpartideño se vio obligado a presentar una demanda. En esta, reclamaban la cantidad correspondiente a los gastos de los últimos años.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón al Ayuntamiento de Malpartida, condenando a la mancomunidad al abono de 4.025,46 euros, más la condena en costas. Transcurrido el plazo para la interposición de recurso de apelación, sin que este se haya interpuesto, la sentencia es firme.

A partir de este momento la mancomunidad tiene ahora 20 días hábiles para abonar de forma voluntaria la cantidad. Igualmente, deberá proceder a la tasación y abono de las costas del proceso.

Los gastos afectan a toda la comunidad

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, ha mostrado su satisfacción por la sentencia favorable. Sin embargo, también ha expresado su malestar por haber tenido que llegar a los tribunales para resolver una cuestión que era "de justicia y de sentido común".

A su vez, ha lamentado que la situación se haya trasladado a todos los residentes de la comunidad, incluidos los malpartideños. La negativa de la mancomunidad ha recurrido en un gasto aún mayor para todos ellos.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento recurre a la justicia con motivo de alguna acción de la asociación. La negativa a aceptar la salida de Malpartida de Cáceres del parque de maquinaria en los años 2022 y 2023 fue otro de los motivos de enfrentamiento. Al igual que este caso, y contabilizando un total de tres veces, la justicia siempre ha dado la razón al consistorio malpartideño