La Guardia Civil investiga a un hombre y a una mujer por falsedad documental en el uso de tarjetas de tacógrafo digital

La Guardia Civil investiga a un hombre de 57 años y a una mujer de 25 como supuestos autores de un delito de falsedad documental por el uso fraudulento de tarjetas de conductor asociadas al tacógrafo digital de un vehículo de transporte de mercancías. La investigación fue desarrollada por agentes de la Comandancia de Cáceres y arrancó el 19 de abril de 2025, cuando durante un dispositivo de vigilancia en materia de transportes terrestres en la A-5, dentro del término municipal de Almaraz, detectaron que el conductor inspeccionado utilizaba de forma irregular dos tarjetas duplicadas.

El hecho afecta a la seguridad vial y las condiciones laborales

A partir de aquella intervención, los agentes retiraron las tarjetas y ampliaron las pesquisas para esclarecer el alcance de la supuesta manipulación. El análisis forense de los archivos digitales y la revisión de los vehículos de la empresa permitieron detectar numerosas irregularidades relacionadas con los tiempos de conducción y descanso desde marzo de 2024 hasta la fecha del control, en abril de 2025. Durante la investigación, además, se comprobó que la mujer investigada, responsable efectiva y permanente de la actividad de la empresa de transportes, conocía presuntamente las prácticas irregulares del conductor, por lo que ha sido considerada cooperadora necesaria en el mismo delito. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

El caso vuelve a situar el foco sobre un instrumento clave en el transporte profesional: el tacógrafo digital. Según el Ministerio de Transportes, se trata de un dispositivo instalado en determinados vehículos dedicados al transporte por carretera con la finalidad de registrar y almacenar automáticamente los datos del vehículo y los tiempos de trabajo de sus conductores.

Para identificar al profesional que conduce y permitir el almacenamiento de la información, el sistema requiere una tarjeta personal de conductor, que solo puede ser utilizada por su titular. El aparato sirve para controlar las horas de conducción, las pausas y los descansos obligatorios, y su uso correcto es una pieza esencial en la seguridad vial y en la vigilancia de las condiciones laborales del sector.

La alteración de ese sistema o el uso indebido de tarjetas no es una cuestión menor. La propia Guardia Civil y las autoridades de transportes vienen advirtiendo de que falsear los registros del tacógrafo permite alargar artificialmente los periodos de conducción y eludir los descansos obligatorios, con el consiguiente aumento del riesgo de accidentes. El Ministerio de Transportes recuerda además que estas infracciones afectan a la trazabilidad del trabajo realizado y a la fiabilidad de los controles que se practican en carretera y en las empresas.

Este tipo de imprudencias se han repetido anteriormente en la provincia

No es la primera vez que se detectan hechos de este tipo. En los últimos años, la Guardia Civil ha desarrollado varias actuaciones similares en distintos puntos de la propia provincia de Cáceres. En 2023, la Guardia Civil desarrolló la operación Ibertaco contra un conductor que circulaba con un sistema de manipulación del tacógrafo instalado en su camión. Ese precedente demuestra que el control sobre estos dispositivos se ha convertido en una de las líneas habituales de vigilancia en materia de transporte terrestre.

Junto al posible reproche penal por falsedad documental, este tipo de conductas puede conllevar también sanciones administrativas. La propia Guardia Civil ha recordado en actuaciones anteriores que las empresas transportistas pueden enfrentarse a multas de entre 2.001 y 4.001 euros por infracciones graves relacionadas con la normativa de transportes. Más allá de la cuantía, el mensaje de fondo es claro: los excesos de conducción y la falta de descanso no solo vulneran la ley, sino que comprometen directamente la seguridad en carretera.

La investigación abierta en Almaraz se mueve así en un terreno especialmente sensible. No se trata solo de un posible fraude documental, sino de una práctica que altera los mecanismos pensados para proteger tanto a los conductores profesionales como al resto de usuarios de la vía. En un corredor tan transitado como la A-5, el control de esos tiempos de descanso no es un detalle técnico, sino una cuestión de seguridad pública.