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Sociedad

El Plan Integral de Empleo de Cáceres impulsa más de 300 contrataciones anuales para personas con discapacidad

La Diputación de Cáceres y la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura consolidan su colaboración para mejorar la atención a personas vulnerables, con un presupuesto reforzado en políticas sociales este año

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, se reúne con el nuevo Comité Ejecutivo de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, se reúne con el nuevo Comité Ejecutivo de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. / Cedida a El Periódico

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Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha ratificado su respaldo al Tercer Sector Social en una reunión mantenida por su presidente, Miguel Ángel Morales, con el nuevo Comité Ejecutivo de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, encabezado por Sebastián González. El encuentro sirvió para escenificar una nueva etapa de colaboración entre la institución provincial y una red que agrupa a algunas de las principales organizaciones sociales de la comunidad, con el objetivo compartido de mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y avanzar hacia una provincia más inclusiva. La institución provincial ha elevado este año su presupuesto para políticas sociales hasta los 3,5 millones de euros, un millón más que en el ejercicio anterior.

El Plan Integral de Empleo, una de las piezas clave

Hablar del Tercer Sector Social es hablar del conjunto de entidades sin ánimo de lucro que trabajan en ámbitos como la discapacidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión, el voluntariado, la acción social o la cooperación con las administraciones. En el caso extremeño, la plataforma autonómica reúne a organizaciones de gran implantación regional como Cáritas, CERMI Extremadura, Cruz Roja, ONCE, la Plataforma del Voluntariado, EAPN Extremadura o la Asociación Extremeña de Fundaciones, entre otras. Su función no es solo prestar apoyo directo a colectivos vulnerables, sino también trasladar propuestas, coordinar esfuerzos y defender una agenda social común ante las administraciones públicas.

Ese papel resulta especialmente relevante en una comunidad como Extremadura, donde el peso del mundo rural, el envejecimiento y la dispersión territorial obligan a diseñar políticas sociales muy pegadas al territorio. De ahí que la plataforma haya querido trasladar a la Institución Provincial su voluntad de "seguir trabajando de forma coordinada" con las instituciones en esta nueva etapa.

Entre las herramientas que la Diputación considera prioritarias destaca el Plan Integral de Empleo, una de las columnas vertebrales de su política social. La institución destina a este programa más de dos millones de euros al año y, a través de él, impulsa más de 300 contrataciones anuales de personas con discapacidad en municipios de la provincia. Se trata de una línea orientada a favorecer la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y a convertir el empleo en una vía real de autonomía e inclusión.

La relevancia del plan no está solo en la cifra presupuestaria, sino en su enfoque. La Diputación lo presenta como una política estructural, no como una ayuda puntual, y lo vincula a una estrategia más amplia de accesibilidad, participación y refuerzo del tejido asociativo. En ese mismo marco se mueve también el programa Integra+, que articula ayudas y subvenciones dirigidas a entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

Más accesibilidad y apoyo asociativo

La Institución Provincial quiere reforzar además otras líneas complementarias. Entre ellas figura una dotación de un millón de euros para actuaciones de accesibilidad universal, con programas dirigidos a eliminar barreras físicas, cognitivas y sensoriales en los pueblos de la provincia. A eso se añaden ayudas directas a asociaciones, respaldo al tejido social, programas de ocio inclusivo y cooperación con los ayuntamientos para avanzar en transporte adaptado y mejora de infraestructuras municipales.

En ese contexto, el papel de la Diputación de Cáceres no se limita a financiar. La institución se sitúa también como agente de coordinación territorial, especialmente en un mapa provincial donde muchos municipios pequeños no siempre disponen de capacidad técnica o presupuestaria suficiente para desarrollar por sí solos determinadas políticas sociales. Ahí es donde la alianza con el Tercer Sector adquiere un valor añadido, ya que las entidades aportan conocimiento directo de la realidad social y la Diputación ofrece estructura, recursos y capacidad de llegar al conjunto del territorio.

La reunión con la Plataforma del Tercer Sector sirve para remarcar que la política social provincial quiere ganar ambición y continuidad. El incremento presupuestario de este año, el refuerzo del empleo inclusivo y la apuesta por la accesibilidad y el apoyo asociativo apuntan a una estrategia que no se conforma con responder a urgencias, sino que busca consolidar una red de oportunidades más estable para las personas con discapacidad y para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. En una provincia marcada por el peso del medio rural, ese trabajo conjunto entre administración y entidades sociales aparece cada vez más como una de las claves para sostener la cohesión social.

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