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Prevención de incendios

La Diputación de Cáceres financiará la redacción de planes antiincendios en 104 municipios de la provincia

Tragsatec redactará los planes periurbanos de prevención de incendios para 104 ayuntamientos cacereños con una inversión inicial de 250.000 euros

Imagen de la reunión con Tragsatec.

Imagen de la reunión con Tragsatec. / Diputación de Cáceres

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Cáceres

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha el primer Plan Provincial de Asistencia Técnica para la redacción de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI), una iniciativa que permitirá actuar en 104 municipios de la provincia con una inversión inicial de 250.000 euros durante este año.

El objetivo del programa es ayudar especialmente a los ayuntamientos con menor capacidad técnica o administrativa a cumplir con la obligación legal de elaborar estos planes de prevención frente a incendios forestales. Así lo ha explicado el vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la institución provincial, Luis Fernando García Nicolás, durante una reunión mantenida este jueves con responsables de la empresa pública Tragsatec, encargada de redactar técnicamente los documentos.

"Por primera vez la Diputación pone en marcha este plan estratégico, y lo hacemos en los municipios que, por menor capacidad técnica o administrativa, no pueden redactar o actualizar sus planes", ha señalado García Nicolás.

Reunión con Tragsatec.

Reunión con Tragsatec. / Diputación de Cáceres

Los PPPI son instrumentos obligatorios para los municipios extremeños en virtud de la Ley 5/2004 de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Su finalidad es establecer una franja de seguridad alrededor de los núcleos urbanos para reducir el riesgo de propagación del fuego y facilitar, en caso de emergencia, tanto la evacuación como el confinamiento de la población.

Estas franjas periurbanas deberán alcanzar los 400 metros en zonas catalogadas de alto riesgo y 200 metros en el resto del territorio.

Un servicio financiado íntegramente por la Diputación

La institución provincial asumirá el coste completo de los trabajos, en un modelo que el vicepresidente provincial ha definido como un sistema "llave en mano" para los ayuntamientos. "Somos conscientes de que muchos municipios están paralizados por la complejidad burocrática y la falta de ingenieros de montes; con este plan, la Diputación asume la redacción de forma subsidiaria para proteger a nuestra población rural", ha afirmado.

Luis Fernando García Nicolás atiende a los medios.

Luis Fernando García Nicolás atiende a los medios. / Diputación de Cáceres

La empresa pública Tragsatec desplegará un equipo multidisciplinar encargado de realizar las visitas de campo, elaborar la cartografía temática y redactar las memorias técnicas conforme a la normativa PREIFEX, el marco autonómico que regula las medidas específicas de prevención de incendios forestales. El plan contempla completar la redacción de los 104 documentos en un plazo aproximado de doce meses.

Prioridad para las zonas con mayor riesgo

Los criterios establecidos para acceder a esta asistencia técnica priorizarán a los municipios incluidos en Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), a las localidades con menor población y menor capacidad de gestión y, posteriormente, al orden de llegada de las solicitudes.

Actualmente ya se han identificado 42 municipios considerados de prioridad absoluta, especialmente en las comarcas de Sierra de Gata, Las Hurdes, Los Ibores y los valles del Ambroz, Jerte y La Vera, donde la orografía y la continuidad de la masa forestal elevan considerablemente el riesgo de incendios.

Reunión con Tragsatec.

Reunión con Tragsatec. / Diputación de Cáceres

Desde la Diputación destacan que esta actuación se enmarca dentro de la Agenda Provincial de Cáceres y de su Objetivo Estratégico 3, centrado en reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

"Con la redacción de estos planes la Diputación no solo cumple con un mandato legal de cooperación técnica, sino que dota a la provincia de un escudo protector que mejora la seguridad jurídica de los alcaldes y, sobre todo, la seguridad física de los ciudadanos y sus bienes frente a la amenaza creciente de los incendios forestales", ha concluido García Nicolás.

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