El futuro de muchos municipios de Cáceres se paraliza si la modernización de regadíos no avanza

En la provincia de Cáceres, donde el regadío sigue siendo una pieza esencial para sostener buena parte de la actividad agraria y para dar futuro a muchos municipios rurales, cualquier decisión sobre agua, infraestructuras y financiación tiene un impacto directo sobre la vida de cientos de familias.

En una tierra donde aún se pelea para que los jóvenes no se marchen en busca de oportunidades fuera, el debate sobre el regadío de montaña ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación política e institucional.

Ese fue precisamente el motivo de la reunión mantenida entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, que acudió a la provincia para explicar la situación de varios proyectos ligados a la modernización de regadíos y a las ayudas por los daños provocados por las últimas borrascas.

La visita sirvió también para poner sobre la mesa la preocupación institucional por el futuro de unas obras que se consideran estratégicas para zonas como el Valle del Jerte y el entorno de la presa de La Fragua.

El regadío, una cuestión de futuro rural

Morales agradeció en primer lugar que miembros del Gobierno de España recorran el territorio y se acerquen a explicar de primera mano asuntos que afectan directamente a la provincia. En su intervención, defendió que "Cáceres también merece esa atención institucional" y subrayó que, en una provincia como esta, la agricultura no es un sector secundario, sino "un elemento determinante para la economía y para el mantenimiento de la vida en los pueblos".

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El presidente provincial puso además el foco en las consecuencias que las últimas borrascas han tenido para agricultores y municipios, especialmente en caminos rurales y explotaciones dañadas. En ese sentido, valoró el esfuerzo realizado por el Gobierno central para responder a esos desperfectos, pero admitió su preocupación por la situación del regadío de montaña.

A su juicio, si existe ya un compromiso firmado en el que el Gobierno de España asume el 50 por ciento de la financiación, la Junta de Extremadura el 30 por ciento y los regantes el 20 por ciento, no tendría sentido que un proyecto tan importante quede bloqueado por la parte autonómica.

Morales insistió en que "estos regadíos son clave para fijar población, mantener alternativas económicas en los municipios y permitir que la gente pueda seguir viviendo de la agricultura" en sus lugares de origen.

La explicación del Ministerio

Por su parte, la secretaria de Estado explicó que el asunto tiene su origen en los proyectos que el anterior Ejecutivo extremeño planteó al Gobierno central dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según detalló, todas las propuestas presentadas por Extremadura fueron aceptadas, pero el regadío de montaña acabó tropezando con un obstáculo decisivo: las comunidades de regantes de seis municipios tuvieron que renunciar en mayo de 2025 a ejecutar las obras porque no contaban con la Declaración de Impacto Ambiental de la Junta de Extremadura, requisito previo para la concesión de agua por parte de la Confederación.

García explicó que, ante esa situación, el Ministerio decidió dar una nueva oportunidad al proyecto mediante un convenio con Seiasa, la empresa pública de regadíos, y con la Junta de Extremadura.

Ese acuerdo contemplaba una inversión superior a los 27 millones de euros, de los que la mitad sería asumida por el Gobierno de España a través de Seiasa, mientras que el resto se repartiría entre la Junta y los regantes. García sostuvo que esos fondos están consignados oficialmente y que ahora corresponde a la Junta aclarar si va a asumir o no la parte que le toca.

Más de 40 millones en juego

La responsable ministerial precisó que, en la provincia de Cáceres, están en juego seis obras de regadío de montaña y otra actuación en la presa de La Fragua, con un volumen conjunto de unos 42 millones de euros, de los que 21 millones corresponden ya al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

También recordó que se trata de una cuestión "especialmente importante para el cultivo de la cereza", uno de los productos emblemáticos de la provincia, al afectar a 1.608 hectáreas y a 1.892 regantes.García admitió que en el Ministerio existe una "gran preocupación" porque, según señaló, la Junta de Extremadura ha trasladado que "no dispone de fondos" para asumir el 30 por ciento comprometido.

En ese contexto, fijó la fecha del 15 de julio como un momento clave, ya que ese día está prevista una comisión de seguimiento en la que el Ejecutivo autonómico deberá aclarar "qué quiere hacer con la modernización de regadíos" tanto en Cáceres como en otras zonas de Extremadura.

La visita permitió además abordar otro asunto que afecta de lleno al campo extremeño: los daños causados por el reciente tren de borrascas. García aseguró que el Ministerio ya ha abonado en Extremadura 117 millones de euros a 6.765 agricultores, y que tiene firmados dos encargos con Tragsa para la reparación de caminos públicos y de infraestructuras de comunidades de regantes por más de 73 millones de euros. Según indicó, desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre se están realizando valoraciones técnicas para iniciar después las obras correspondientes.

La Junta alerta de un posible riesgo para la vida de las personas

La Junta de Extremadura ha incorporado, no obstante, una lectura distinta sobre estos proyectos y sostiene que, en el caso del Valle del Jerte, ha venido pidiendo en distintas reuniones a las comunidades de regantes que planteen "alternativas al diseño actual" de la modernización prevista.

Según defiende el Ejecutivo autonómico, las resoluciones técnicas emitidas por la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil advierten de "una vulnerabilidad muy alta" ante una posible rotura o malfuncionamiento de las infraestructuras, especialmente por la afección que podría tener sobre las zonas de baño de las gargantas en temporada estival, cuando la presencia de personas es elevada.

A partir de esos informes, la Junta mantiene que "no puede emitir una Declaración de Impacto Ambiental favorable ni comprometer financiación mientras no existan soluciones que eviten ese riesgo para la seguridad de las personas".

En cuanto al proyecto de La Fragua, la administración autonómica asegura que también trabaja con los regantes y con la Confederación Hidrográfica del Tajo, al considerar que "parte de la superficie de riego no tiene todavía regularizada su concesión" y que una de las balsas previstas afectaría a monte público y obligaría al arranque de cientos de encinas. La posición de la Junta es que seguirá estudiando el proyecto y sus posibles alternativas, pero insiste en que no antepondrá ninguna actuación a la seguridad y a la vida de las personas.

Una decisión que va más allá del agua

En este contexto, el futuro del regadío en la provincia ya no se mueve solo entre cifras, convenios y plazos administrativos. Ahora el debate se ensancha y obliga a equilibrar dos necesidades que en Cáceres pesan por igual: la de garantizar oportunidades para que el campo siga sosteniendo empleo y vida en los pueblos, y la de asegurar que cualquier infraestructura se levante con todas las garantías para las personas y para el entorno.

Entre la urgencia de no dejar pasar inversiones decisivas y la exigencia de no avanzar sin seguridad ni respaldo técnico suficiente, la decisión que se tome en las próximas semanas marcará mucho más que una obra, ya que también fijará la forma en que la provincia quiere construir su futuro rural: con agua, pero también con responsabilidad.