El precio del fuego debe subir

Cada verano España se enfrenta a la misma sombra: el fuego. En Cáceres hemos visto en pueblos como Jarilla, Aliseda, Hervás, La Garganta o Casar de Cáceres a hombres y mujeres convertidos en improvisados bomberos, mientras en el monte, ese compañero silencioso de nuestra historia, se consume en minutos lo que ha tardado siglos en crecer.

El incendio es siempre una herida en la memoria colectiva. Un bosque que desaparece arrastra consigo relatos, destinos, costumbres, la forma en que entendemos el paisaje y, en ocasiones, también vidas humanas. Tras cada llama late la pregunta inevitable: ¿quién provoca este desastre? Y, aún más inquietante: ¿cómo responder ante quien ataca lo que nos pertenece a todos?

El Código Penal regula los delitos de incendio en los artículos 351 a 358. Si el fuego pone en riesgo la vida de las personas, la pena oscila entre 10 y 20 años de prisión; si afecta a montes y terrenos forestales, de 1 a 5 años, con agravaciones específicas.

La realidad, sin embargo, es desoladora. Más de un 80 % de los incendios en España tiene origen humano, y en la mayoría de los casos no se logra identificar al culpable, pues el fuego suele consumir también las huellas de quien lo provoca. El resultado: una impunidad que hiere tanto como las hectáreas perdidas.

Aquí surge el debate: ¿conviene endurecer las penas? Desde la perspectiva de la prevención general, la respuesta es afirmativa. Este viejo principiono está aún, afortunadamente,superado en Derecho Penal; sigue vigente en España y en la mayoría de los sistemas punitivos contemporáneos. La pena cumple también una función de advertencia a la comunidad: la certeza de una condena severa disuade a quien pudiera sentirse tentado a prender la chispa. Además, la proporcionalidad entre el daño causado y la sanción impuesta debe reforzarse.

El incremento de las sanciones no puede verse como un gesto retórico, sino como una necesidad de política criminal. La doctrina jurídica, desde Beccaria hasta Roxin, recuerda que la amenaza de un castigo claro y justo cumple una función pedagógica: refuerza la confianza de la sociedad en el Derecho y aparta a los posibles infractores.

El precio del fuego es hoy demasiado bajo. Y mientras siga siendo así, seguirán ardiendo nuestros montes. Por eso, mi humilde consideración, unida a la de muchos otros juristas, es que el precio del fuego tiene que subir.

*Juan Ramón Corvillo es Socio-director de Corvillo Abogados SLP