La prostitución en nuestro país no es delito ni para las mujeres prostituidas ni para los puteros. Sin embargo, lucrarse de la explotación sexual ajena sí está penado por la ley (artículo 187 del Código Penal). Asociaciones como APROSEX, OTRAS, CATS o el Colectivo de prostitutas de Sevilla se dedican desde hace años a dar charlas por las ciudades de España, con el objetivo de influir en la opinión pública en aras de la legalización del proxenetismo. Dicen defender los derechos de ‘las putas’ y hablan de ‘trabajo sexual’ como si fuera un trabajo cualquiera. 

Como las activistas Sonia Sánchez y Amelia Tiganus, sobrevivientes del sistema prostitucional, han señalado en múltiples ocasiones, ser penetrada por 10 o 20 hombres al día por cualquiera de tus orificios no es un trabajo, es violación continuada a cambio de dinero. 

Está demostrado que legalizar la prostitución no mejora la vida de las mujeres prostituidas, al contrario, las deja desprotegidas ante los abusos. Tenemos el ejemplo de Alemania, donde se legalizó la prostitución y ahora ya se está planteando dar marcha atrás.

Mujeres Abolicionistas de Extremadura (MAE) tiene noticia de que en febrero se van a dar dos charlas a favor del proxenetismo, una en la CSOA Algarroba Negra, que tiene ocupadas unas naves a la salida de Badajoz; y otra en Cáceres, esta vez en la Biblioteca Municipal, espacio público pagado con nuestros impuestos, al que acuden familias a pasar la tarde de sábado.

Debemos preguntarnos: ¿Qué sociedad queremos para nuestros hijos e hijas? ¿Educamos a los varones en la certeza de que pueden pagar por acceder al cuerpo de las mujeres? ¿Le decimos a nuestras niñas que ser prostituidas puede ser una salida laboral para ellas?

Desde aquí hacemos un llamamiento al ayuntamiento de Badajoz, así como a la Consejería de Educación y Cultura, para que respectivamente tomen cartas en el asunto y cancelen estos actos.

El feminismo lleva años pidiendo al gobierno una ley abolicionista de la prostitución, similar a la francesa o a la sueca, que persiga a proxenetas y puteros, protegiendo a las mujeres prostituidas como las víctimas que son de una de las violencias más terribles, atravesada por la pobreza y el racismo. La esclavitud del siglo XXI según la Organización Mundial de la Salud (OMS).