Sabido es que las comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de corrupción nunca han servido para nada, más allá de la algarabía desatada durante el transcurso de la misma en busca de rédito electoral. Del mismo modo que España no es un país corrupto porque, por lo general, por una pequeña dádiva no se acelera un proceso administrativo, no se exime de una multa de la autoridad o se adelanta en una lista una consulta médica. La corrupción es algo localizado en determinados ambientes y en los que pueden estar implicados algunos miembros de la clase política, independientemente de su color y condición.
Ni siquiera es posible afirmar con la contundencia que se transmite en determinados foros que todos y cada de uno de los políticos que se sientan en la Cámara Baja son unos corruptos y por eso quedan fuera de lugar afirmaciones, en medio de la refriega política, como las que realizan algunos de esos mismos diputados en demasiados casos.
Pero no es menos cierto que el PSOE vuelve a confundirse no siendo el primero en conformar dicha comisión de investigación para aclarar ante la luz pública todo lo sucedido en el caso del tito Berni y todo lo relacionado con los miembros de la Guardia Civil implicados en el asunto en aras de una transparencia de la que se ve mucho más necesitado que sus rivales políticos.
En primer lugar, por formar parte del gobierno y en segundo porque conocido es también que su electorado es mucho menos permisible a la corrupción que el de la bancada conservadora.
