El exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha ratificado este martes en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda.
El delantero de la Juventus de Turín ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección 17 de la sede judicial en un juicio que apenas ha durado unos minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía.
De esta forma, el futbolista acepta una condena como autor de cuatro delitos fiscales entre el 2011 y el 2014 por los que defraudó 5,7 millones de euros al fisco relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
'Paseíllo' en la entrada
Cristiano Ronaldo ha llegado pasadas las 9.30 horas a la sede judicial, donde ha accedido tranquilo y sonriente delante de los medios, acompañado de su pareja, Georgina Rodríguez, con la que ha ido de la mano. El delantero ha llegado al tribunal antes de la hora y se ha parado a dar un autógrafo a un seguidor apostado entre los periodistas.
La Presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid rechazaba este lunes la solicitud de Cristiano Ronaldo de adoptar medidas de seguridad en su acceso al edificio, lo que le obligaba a tener que entrar a pie por la puerta principal para acudir al juicio en el que ratificará el pacto al que llegó con Hacienda para zanjar la acusación de la Fiscalía.
Según el fiscal, el futbolista ocasionó un perjuicio a la Hacienda Pública de 5.717.174 euros. De dicha cantidad, a fecha del pasado 13 de julio el acusado ha ingresado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 5.698.411,70 euros y otro millón más (1.090.632,41 euros) en pago por los intereses de demora generados hasta ese día con la que la deuda penal, para la Fiscalía, ha quedado satisfecha.
Derechos de imagen
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón instruyó la causa por un presunto delito contra la Hacienda Pública, ante la posible existencia de una infracción penal prevista y penada en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal.
La Fiscalía, en su denuncia, subraya que el denunciado se ha aprovechado de una estructura societaria creada en el 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones
