El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este miércoles un decreto en el que establece que la competencia para conocer el caso Negreira pase a la Fiscalía Anticorrupción, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia.

El caso se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que abrió diligencias a partir de una querella inicial, a la que se sumó la denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona que considera que podrían haberse cometido delitos continuados de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, de administración desleal o de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil por servicios realmente no prestados. 

Con la decisión del fiscal general a partir de ahora será Anticorrupción quien se encargue de solicitar las diligencias que considere pertinentes para esclarecer los motivos del pago por parte del Barça de 1,7 millones de euros al que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbritros José María Enríguez Negreira.

La jueza Silvia López Mejías, que actúa como magistrada de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, deberá decidir en los próximos días si admite o no la denuncia de la fiscalía de Barcelona que se dirige contra el exdirigente arbitral, los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, los exejecutivos del club, Òscar Grau y Albert Soler, y la propia entidad azulgrana.

Favorecer al club

Según la fiscalía, a través de Rosell y de Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal "estrictamente confidencial" con el denunciado Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y "a cambio de dinero", realizase actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos y "así en el resultado de las competiciones".

Precisa que ese comité es el que designa los árbitros para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional y se encarga de las evaluaciones para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales.

Entre 2001 y 2018 Negreira recibió del Barça más de 7,3 millones de euros, según el histórico de importes facturados, unas "percepciones que no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", detalla la fiscalía, que acota el periodo que debe ser investigado entre 2014, con Rosell, y 2018, cuando la junta directiva presidida por Bartomeu dejó de pagar al exvicepresidente de los árbitros. Los años anteriores a 2010 no pueden ser investigados, según la Fiscalía de Barcelona, porque el delito de corrupción de particulares no existía y el anterior a 2013 habría prescrito.

Solicitud de personaciones

Sin haberse producido aún la admisión a trámite de la denuncia ya han solicitado personarse en el procedimiento la Liga y el arbitro Xavier Estrada Fernández (que ya ha depositado los 3.000 euros solicitados como fianza por el juzgado). Además, han anunciado que lo plantearán el Real Madrid y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Entre los testigos propuestos por la fiscalía en su denuncia se encuentran los exentrenadores del FC Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde para que expliquen si conocieron los supuestos informes sobre los árbitros elaborados por Negreira.