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Fútbol

El caso de los amaños en el fútbol extremeño se divide en dos causas tras casi una década de investigación

El Juzgado de Zafra da por concluida la instrucción, abre la fase intermedia y separa los hechos relacionados con la presunta corrupción en los negocios de un caso destapado por El Periódico Extremadura

Un furgón de la Guardia Civil con detenidos entra en el Juzgado de Zafra en 2018.

Un furgón de la Guardia Civil con detenidos entra en el Juzgado de Zafra en 2018. / Jero Morales

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El caso de los presuntos amaños de partidos y apuestas deportivas investigado en Extremadura desde hace casi una década entra en una nueva etapa. El Tribunal de Instancia de Zafra ha acordado dividir las actuaciones en dos causas una vez concluida la fase de instrucción. Una continuará por presuntos delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y pertenencia a organización o grupo criminal. La otra se tramitará aparte por un posible delito de corrupción en los negocios, relacionado con la manipulación de encuentros y apuestas deportivas.

La resolución no supone, sin embargo, que se haya abierto juicio oral ni que exista ya una acusación formal contra las personas investigadas. El procedimiento se encuentra ahora en la denominada fase intermedia. La Fiscalía y las acusaciones personadas deberán decidir si presentan escritos de acusación y solicitan la apertura de juicio oral, si piden el sobreseimiento de la causa o si reclaman alguna diligencia complementaria que consideren imprescindible.

El origen del asunto se remonta a septiembre de 2016, cuando El Periódico Extremadura destapó las sospechas sobre posibles arreglos de partidos en la Tercera División extremeña vinculados a apuestas deportivas. La Federación Extremeña de Fútbol abrió entonces una investigación interna y la Fiscalía solicitó posteriormente la apertura de diligencias judiciales. El Juzgado de Zafra incoó las diligencias previas en abril de 2017.

Dimensión nacional de la investigación

La investigación adquirió después dimensión nacional dentro de la denominada Operación Pizarro. En 2018 se practicaron detenciones en distintos puntos del país y se investigó una posible estructura dedicada a contactar con jugadores, intermediarios y apostantes para manipular partidos de Segunda División B y Tercera División. Durante estos años se han practicado intervenciones telefónicas, registros domiciliarios, análisis patrimoniales y declaraciones de investigados y testigos, además de incorporarse numerosos informes policiales.

El auto dictado el 22 de julio de 2026 considera que existen indicios para continuar el procedimiento, pero distingue entre dos grupos que no deben ser investigados y enjuiciados conjuntamente. La jueza sostiene que no se ha acreditado una vinculación suficiente entre ambas estructuras, más allá del conocimiento o la relación que pudiera existir entre algunas de las personas investigadas. Por ese motivo ordena separar las actuaciones.

La causa principal pasa así a procedimiento abreviado por los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización o grupo criminal. El juzgado ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que se pronuncien. Esto significa que la instrucción ha terminado, pero no que se haya decidido celebrar un juicio.

Varios sobreseimientos provisionales

Paralelamente, se abrirán nuevas diligencias previas por presunta corrupción en los negocios para el grupo relacionado con los supuestos amaños deportivos, en el que se encuentra la jugadora mencionada en las actuaciones. En esta segunda causa deberán resolverse también las solicitudes de sobreseimiento que hayan presentado las defensas de las personas investigadas.

El juzgado ha acordado además el sobreseimiento provisional y el archivo respecto de Juan Carlos Ceballos Pinto, Borja Hernández Brito, José Manuel Catalá Mazuecos, Óscar Rodríguez Antequera, Javier Fernández Rodríguez y José Manuel Navarro Reinas, al no apreciar indicios suficientes para mantener el procedimiento contra ellos. Al tratarse de un sobreseimiento provisional, el archivo no tiene carácter definitivo.

La principal novedad, por tanto, no es la apertura de juicio oral, sino el cierre de una instrucción prolongada durante nueve años y la reorganización del caso en dos procedimientos diferentes. El siguiente paso dependerá de lo que soliciten la Fiscalía y las acusaciones: formular acusación y pedir la apertura de juicio oral, reclamar alguna actuación complementaria o interesar el archivo de la causa.

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