El PP, el PSOE, Ciudadanos, PDECat y PNV avalaron ayer en el Pleno del Congreso la aprobación de la nueva ley hipotecaria, mientras que Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu han mostrado su rechazo durante su último debate antes de enviar la reforma al Senado.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, celebró la aprobación de la ley tras «mejorar sustancialmente» el texto que llevó a la Cámara Baja el entonces ministro Luis de Guindos. «Lo mejor es que gracias al trámite parlamentario hemos conseguido mejorar sustancialmente respecto al proyecto original, sobre todo en lo que respecta a la protección de los ciudadanos», ha destacado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, tras asistir al último debate de esta iniciativa.

Así, destacó la eliminación de las cláusulas suelo, la reducción de los intereses de demora, el aumento de los plazos para ejecutar una hipoteca, o la extensión del código de buenas prácticas para facilitar instrumentos, como las quitas, las renegociaciones o la dación en pago en determinadas ejecuciones. Estos son los cambios más significativos que introduce la ley.

El primer cambio es que las entidades bancarias pagarán todos los gastos de hipoteca excepto la tasación. Por lo tanto, las entidades bancarias deberán pagar los gastos de notario, gestoría, registro y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). La tasación de los inmuebles, al ser un servicio que aporta al usuario con el objetivo de avalar el préstamos hipotecario, debe correr a cargo del solicitante, según establece la nueva ley.

Para evitar que se concedan hipotecas a personas sin capacidad de repago, como se hizo en los años de la burbuja, el banco deberá «evaluar en profundidad la solvencia» del cliente, según la norma, estudiando, en concreto, sus ingresos actuales y los previsibles en el futuro, sus propiedades, ahorros y otras deudas. Valorará incluso la pensión prevista por si el cliente debe seguir pagando tras jubilarse.