Los puertos españoles no deben estar exentos del impuesto de sociedades. La Comisión Europea ha pedido este martes al Gobierno de España que adapte, a partir del 1 de enero de 2020, la tributación de estas infraestructuras para cumplir con la normativa sobre ayudas de estado porque la exención de la que disfrutan actualmente puede suponerles una ventaja competitiva. “Con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos”, ha avisado la comisaria de competencia, Margrethe Vestager.
En España, los puertos están exentos del impuesto de sociedades en lo que respecta a sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos de contratos de arrendamiento o de concesión, mientras que la exención es total en el caso de los ubicados en el País Vasco. La Comisión Europea escribió en abril del año pasado al Gobierno español -también a Italia- para informar de sus reservas sobre el régimen tributario aplicado a los puertos, que ya existía antes de la entrada en vigor del Tratado.
Ahora, y con carácter preliminar, Bruselas ha concluido que tanto Italia como España conceden a sus puertos una “ventaja selectiva” que podría vulnerar las normas europeas sobre ayudas de estado. De ahí que ha urgido a ambos gobiernos a adaptar sus normativas y tomar medidas en el plazo de dos meses para que el gravamen empiece a aplicarse desde principios del próximo año. Si las autoridades de ambos países no toman las medidas requeridas, la Comisión podría abrir una investigación en profundidad para verificar la compatibilidad de las normas.
APOYO A LOS PUERTOS
España e Italia no son los primeros países a los que Bruselas ha pedido la eliminación de las exenciones. En los últimos años, el Ejecutivo comunitario también ha exigido a Francia, Bélgica y Holanda que adapten su legislación y prosigue su investigación sobre el funcionamiento y la tributación de los puertos en otros Estados miembros para garantizar una “competencia leal” entre todas las infraestructuras de este tipo existentes en la UE. Según los servicios de la competencia, eliminar las ventajas fiscales no justificadas no significa que los puertos no puedan seguir recibiendo apoyo del Estado.
Es más, “las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos”, asegura la comisaria Vestager. Por ejemplo, los Estados miembros pueden invertir hasta 150 millones en puertos marítimos y hasta 50 millones en puertos interiores sin verificación previa por parte del Ejecutivo comunitario. Además, el reglamento permite a las autoridades públicas asumir los costes de dragado en los puertos y sus vías navegables de acceso y compensar a los puertos el coste de la asunción de funciones de servicio público.
