Como un alumno que deja el estudio para el día antes del examen, muchas empresas han esperado hasta que entrara en vigor la obligación del registro horario para plantearse como abordar el asunto. Lo denuncian los sindicatos y lo ha reconocido el propio Gobierno en el primer lunes laborable que ha imperado la norma. Esta fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de marzo, lo que comenzó un periodo de gracia de dos meses para dar tiempo a las compañías para adaptar la norma a sus respectivas rutinas. "Nadie se lo ha tomado en serio", ha declarado en la mañana de este lunes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
El propio Ministerio de Trabajo ha esperado hasta el segundo día en el que rige la nueva ley para editar una guía práctica de diez páginas en la que intenta aclarar las muchas dudas que genera la norma entre las empresas. Esta no es muy explícita y reafirma los principales elementos que recoge el real decreto, trasladando a la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos la materialización de la norma. Insiste en que ningún trabajador asalariado es ajeno a la obligación de llevar un registro de su jornada, incluyendo a mandos intermedios, profesionales que ejerzan su oficio de manera itinerante o desde su propia casa.
La guía de Trabajo sí esclarece las incógnitas sobre algún caso especial, como el de las empresas de trabajo temporal (ETT). Los trabajadores empleados en estas deberán registrar las horas realizadas y tendrán que ser las empresas donde estos prestan temporalmente sus servicios las encargadas de recoger el registro de jornada. En diferente sentido se expresa en caso de subcontratación del servicio, pues deberá ser la empresa subcontratada quién tendrá la obligación de registrar la jornada.
Negociar el cómo
Trabajo no entra a concretar ni valorar el cómo llevar a cabo dicho registro y se limita a indicar que vale "cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, esto es, proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el propio trabajador". Ahí entrará la negociación de cada empresa con los representantes de los trabajadores.
En la consultora Between este lunes no ha sido el primer día laborable en el que ha imperado la norma. Esta empresa que asesora en cuestiones tecnológicas a otras empresas, llevan desde el 2015 registrando la jornada de sus empleados. Consultores visitantes incluidos, según destacan desde la compañía, que en Barcelona da trabajo a alrededor de 300 personas.
Su sistema consiste en un programa informático que el empleado abre cuando inicia su jornada, sea en el centro de trabajo o en aquella empresa que esté asesorando en ese momento, en el que vuelca la hora de inicio, la de finalización y en qué proyecto ha estado trabajando. Se almacena en la nube y el trabajador puede acceder en cualquier momento para saber cuántas horas acumula a la semana. "Nos ayuda a ser más eficientes internamente", cuentan desde Between.
La voluntad del empresariado para que la norma tenga éxito será clave en ese aspecto, según afirman fuentes de la Inspección de Trabajo, conscientes de sus limitados recursos. En España, según la última memoria disponible correspondiente al ejercicio del 2017, hay 1.789 inspectores de Trabajo en plantilla; una cifra que apenas ha variado en la última década. Y las multas que pueden imponer no son muy cuantiosas, según reconocen, y pueden ascender en primera instancia hasta 6.250 euros por empresa, no por trabajador.
