España saldrá por primera vez en diez años del procedimiento por déficit excesivo y se librará así de la estricta supervisión y vigilancia que impone la Comisión Europea a los países que se desvían de los objetivos pactados con la UE. La oficina europea de estadística (Eurostat) certificó a finales de abril pasado los nuevos datos y hoy será el colegio de comisarios quien formalizará la decisión, que deberá ser refrendada después por los ministros de economía y finanzas de la UE, probablemente en su reunión del mes de julio.

La decisión, a la que acompaña en paralelo una nueva batería de recomendaciones económicas, era esperada desde que Eurostat confirmara el 23 de abril que España cerró 2018 con un agujero en las cuentas públicas del 2,5%, tres décimas por encima del objetivo acordado con la UE para el año pasado, pero por debajo del 3% que fija como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El dato es ligeramente inferior al 2,6% previsto por el Ministerio de Hacienda ya que Bruselas no ha permitido al Gobierno computar en las cifras del año pasado el coste de compensación a Abertis por la ampliación de la AP-7 porque todavía no ha sentencia firme.

Fue el 18 de febrero del 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero como máximo responsable en la Moncloa y Joaquín Almunia como comisario de asuntos económicos, cuando el Ejecutivo lanzó el expediente sancionador contra España. Un proceso de que le ha costado una década larga salir, dispararse el agujero de las cuentas públicas por encima del 11% en 2009. En estos diez años, las autoridades españolas han recibidos cuatro prórrogas para reducir el desfase hasta niveles aceptables.

La decisión de sacar a España coincide con el ultimátum a Italia y que podría concretarse en la apertura de un procedimiento sancionador contra este país por su elevada deuda pública.