El Gobierno inicio ayer el desmantelamiento de parte de la reforma laboral que ha heredado del PP y que ha estado vigente durante los últimos ocho años. El primer eslabón de una cadena que pretende ir desmontando por fases ha sido el despido por bajas médicas intermitentes, pero justificadas. Es un artículo 52-d del Estatuto de los Trabajadores que ha suprimido al completo, apostando por la vía más garantista para los trabajadores y que los sindicatos reivindicaron como un primer triunfo en este proceso de contrarreforma abierto por el nuevo Ejecutivo.
«Vamos desmontando la reforma laboral del PP», derogando una «anomalía o excepcionalidad de España en relación con países del entorno que carecen de un precepto semejante», sostuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
«derechos humanos» / La supresión de este artículo llega a su vez con tintes «anómalos», dentro del esquema de buscar consensos según el que el Gobierno de coalición ha planteado su contrarreforma laboral. Pues ese elemento -una cuestión de «derechos humanos», como ha insistido desde un primer momento la ministra- no ha sido objeto de negociación con los sindicatos y las patronales.
Así lo confirmaron tanto desde CCOO y UGT como desde la CEOE. A la patronal, el Ministerio de Trabajo le remitió un comunicado formal, aunque sin la posibilidad de que presentara alegaciones al texto, según confirman ambas partes. «No hemos visto en ningún momento una actitud de rechazo por su parte», comentaron desde el ministerio.
Los sindicatos ni se plantearon presentarlas, pues el Ejecutivo ha optado por la versión más garantista. Más incluso que volver a la legislación que imperaba en la última legislatura del socialista José Luís Rodríguez Zapatero. «En vez de suavizar, han elegido corregir», apuntaron desde UGT.
El retrato robot del trabajador despedido por la vía del 52-D es una mujer, de mediana edad y con responsabilidades familiares. Así lo destacó, entre otros, la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, en su voto discrepante respecto a la sentencia que avaló dicho mecanismo. Tampoco es patrimonio de un único sector, aunque entre las empresas de atención telefónica, como Unisono, Atento o Konecta, han trascendido varios casos.
PATRONAL EXIGE CONSENSO/ La supresión del despido por ausencias justificadas, pues el desde hoy extinto artículo 52-D también computaba cuestiones como permisos puntuales para atender a un familiar, ha sido una medida también con tintes simbólicos. Su uso no ha sido hasta ahora generalizado entre las empresas en España, según coinciden patronales y sindicatos. Pese a que desde CCOO destacan el «efecto llamada» que entre las compañías causó la sentencia del TC y la «necesidad» de ponerle fin con la supresión que se materializó ayer. Los principales pilares del andamiaje laboral que levantó el PP todavía siguen en pie y las negociaciones con patronal y sindicatos apenas llevan un mes en marcha.
Cuestiones como la ultraactividad, la prioridad aplicativa del convenio sectorial, las causas del despido o las condiciones del contrato son algunas de los elementos que el Gobierno pretende pactar con los agentes sociales. Todas ellas entrañan cierto grado de polémica entre las partes, aunque uno de los grandes melones que el equipo de Yolanda Díaz deberá abrir y acometer será el de la reforma de las condiciones de subcontratación.
La decisión de suprimir el artículo 52-d ha sido única del Gobierno, como en su momento lo fue subir el salario mínimo a 900 euros. Y a diferencia de la última subida a 950 euros, que sí fue pactada. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) exigen al Gobierno que se guíe por dicho espíritu y que sea este el proceder que rija en las mesas de diálogo social a la que se sientan cada viernes con los sindicatos.
Fuentes de la patronal reiteraron la necesidad de que todo cambio normativo recoja el consenso de las partes. La discreción guía las conversaciones y la ministra de Trabajo les ha prometido tiempo para buscar ese consenso, «el que precisen», afirmó en una entrevista en Radio Nacional de España la semana pasada. «Pero acotado», apostilló en la misma frase.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, adefendió que se recupere la ultraactividad -vigencia automática de un convenio colectivo vencido mientras no se acuerde uno nuevo- y evitar que los convenios de empresas «puedan disminuir los salarios de los sectoriales», con el objetivo de evitar sueldos «de miseria» y «temerarios».
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró ayer sobre la derogación del despido por absentismo por acumular bajas médicas que no se puede «tratar al por mayor sin tener en cuenta las condiciones de las personas». Álvarez consideró «cruel e inhumano» que se pudiera con dicha norma despedir a una personas que en dos meses haya tenido más de ocho días de baja justificada. No obstante, consideró necesario crear un observatorio del absentismo, cuyo desarrollo está recogido en el acuerdo de negociación al que llegaron los agentes sociales con el anterior gobierno del Partido Popular.
