La factura del salvamento a la banca de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy entre 2008 y 2012 sigue sin parar de crecer casi una década después de que la Unión Europea acudiera al rescate de España. La Sareb, el banco malo que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras auxiliadas, va a incrementar la deuda pública del año pasado en unos 35.000 millones de euros, del 117,1% a en torno al 120% del PIB, además de elevar el déficit público en una cantidad bastante superior a los 7.000 millones, por encima del 10,5% augurado por el Banco de España, según confirman fuentes del Gobierno.
La razón es que Eurostat, la oficina estadística comunitaria, ha obligado a España a incluir a la empresa dentro del sector público. Para evitarlo, la Sareb nació en el 2012 con una mayoría de accionistas privados (el 54,1% de sus títulos está en manos de otras compañías, fundamentalmente bancos, y el 45,9% pertenece al Estado). El principal problema es que las pérdidas multimillonarias que acumula la firma desde entonces han volatilizado su recursos propios, es decir, el capital y la deuda que le aportaron dichos propietarios.
La Sareb, así, cerró el pasado junio con un patrimonio negativo de 6.935 millones de euros, que siguió creciendo en la segunda parte del año y cuya cifra final engrosará el déficit público. Para los accionistas privados ya no es un problema, porque hace tiempo que dieron por perdida su inversión y asumieron el impacto en sus cuentas. También el Estado, a través del FROB, dio en 2019 por perdidos los 2.192 millones que le inyectó, pero lo más relevante es que se juega todavía 35.098 millones en la compañía, ya que avaló la deuda que la empresa presidida por Jaime Echegoyen emitió para pagar a los bancos rescatados que le cedieron sus activos inmobiliarios.
Ampliar el plazo
Esa es la cantidad en que se elevará la deuda pública. La Sareb ha amortizado 15.682 millones de euros de dichos bonos desde su nacimiento. Pero a dicho ritmo no podrá repagar los 35.000 millones restantes cuando le toque echar el cierre en 2027. Es por ello que el Gobierno se ha abierto este martes a ampliar su vida útil. El plazo máximo, han argumentado fuentes del mismo, era una de las condiciones para que Europa no la considerase como parte del sector público, con lo que ahora que ya forma parte de las cuentas del Estado tendría sentido reconsiderar esa decisión para evitar que la factura final para las cuentas públicas sea aún mayor.
En su nacimiento, el Gobierno de Rajoy aseguró que la Sareb no costaría un euro a los contribuyentes y tendría una rentabilidad media del 13%. Desde el principio se demostró que era falso. El principal problema es que los más de 200.000 activos que recibió se valoraron por Oliver Wyman a un precio excesivo, lo que benefició a los bancos nacionalizados ya que evitó hacerles un gran agujero, pero ha perjudicado al banco malo que no ha podido vender sus créditos e inmuebles a precios de mercado para evitar sufrir pérdidas aún mayores.
