El nuevo esquema de prejubilaciones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales busca dos objetivos. De una parte, desincentivar el retiro anticipado voluntario en los dos años previos a la edad legal de jubilación (que en este ejercicio es de 66 años y llegará a los 67 en 2027). De otra parte, quiere corregir la «desigualdad» que, desde su punto de vista, se produce entre las prejubilaciones procedentes de pensiones que no llegan al nivel máximo (y soportan un recorte de hasta el 16%) y las que sí superan este listón (que, según se mire, solo soportan un coeficiente reductor del 4%). Se calcula que alrededor de 1,5 millones de trabajadores cotizan por la base máxima.

En España, por muy altos que sean los salarios, solo cotizan a la Seguridad Social por la llamada «base máxima», que este año es de 4.070,10 euros. Y aunque se cotice por esa cantidad, la pensión máxima es de 2.707,49 euros. Si un trabajador en base máxima se prejubila con dos años de antelación, el actual coeficiente reductor general, del 16%, no hace mella en él. La base para el cálculo de la pensión bajaría de 4.070, 10 euros a 3.418,9 euros. Y daría igual, porque la pensión seguiría siendo de 2.707,49 euros. Por eso, en 2013 se cambió la ley de la Seguridad Social y se introdujo el artículo 210.3 con una penalización del 0,5% sobre la pensión resultante (ya no sobre la base de cotización) por cada trimestre de jubilación anticipada en el caso de bases máximas. Esta regla lleva a aplicar un coeficiente reductor del 4% sobre la pensión máxima de quien opte a prejubilarse con dos años de anticipación. Eso supone que la actual pensión máxima de 2.707,49 euros queda reducida en 108,29 euros (el 4%), hasta los 2.599 euros para quien adelante su jubilación en 24 meses.  

A partir de enero

Con carácter general, para desincentivar el retiro anticipado y contribuir de esta forma a alargar la edad efectiva de la jubilación (y, de paso, contribuir a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social), Escrivá propone un nuevo esquema de coeficientes que, en la práctica, eleva del 16% al 21% el recorte de la base de cálculo de la pensión en caso de prejubilación. Este endurecimiento debería entrar en vigor a partir de enero, según los planes del ministro, que piensa hacerlo de forma gradual.

Este nuevo coeficiente del 21% sobre la base de cotización seguiría sin hacer mella en la pensión de los trabajadores que coticen en la base máxima y se prejubilen. La propuesta del Gobierno es elevar del 4% actual al 21% el recorte. Con las cantidades actuales, eso supondría rebajar la pensión máxima actual de 2.707,49 euros en 569 euros, hasta los 2.139 euros al final del proceso. Estas cantidades solo son un ejercicio teórico, para intentar entender la propuesta. La pensión máxima de dentro de 12 años no será la actual, con lo cual las cantidades indicadas, tampoco. 

El paso del 4% al 21% al cabo de 12 años se haría de forma gradual. Así, por ejemplo, el trabajador en base máxima que se prejubile en 2022 podría sufrir un coeficiente reductor del 5,4%; y en 2023, del 6,8% (si el reparto se hace de forma proporcional); así, hasta llegar al 21% en el 2034. A los sindicatos les parece bien aumentar los coeficientes reductores para la prejubilación que afectan a las pensiones máximas, aunque no en los términos propuestos por el ministerio. 

Patronal y detractores de la propuesta subrayan que los trabajadores con salarios más altos ya sufren un recorte del 28,85% en su pensión. Ello es, explican, porque cotizan por una base de 4.070,10 euros pero reciben una pensión máxima de 2.707 euros. La distancia entre una y otra cifra es del 28,85%. Desde este punto de vista, añadir un recorte del 21% «supondría una doble penalización, hasta niveles casi confiscatorios».