Las empresas morosas no podrán ser beneficiarias de subvenciones públicas, según el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Esta es una de las principales medidas de una norma que busca facilitar el crecimiento de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas, en la que se impulsará el uso de la factura electrónica para tener una mayor trazabilidad y control sobre los pagos, según ha desvelado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al acuerdo de los ministros.

Los plazos de pago a proveedores de las empresa del Ibex se han disparado hasta los 191 días, según un análisis realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Según este estudio, las compañías del principal índice selectivo bursátil español liquidaron sus facturas en ese periodo medio, lo que triplicó el plazo legal de 60 días durante 2020, coincidiendo con lo más crudo de la crisis del covid. Este resultado aumenta en 15 días el plazo de pago medio de estas empresas en 2019.

Esta es una de las cuatro patas de una norma que prevé facilitar la creación de empresas con una medida estrella al fijar un mínimo inicial de capital social de tan solo un euros para que el capital social "no sea un obstáculo a la hora de crear una empresa", según fuentes del ministerio de Asuntos Económicos, y alinear, así, a España con el resto de países de la Unión Europea. Además, también se prevé reforzar los mecanismos administrativos para que el proceso administrativo de creación de una empresa sea más ágil, tanto en el ámbito notarial como la posibilidad de crear una empresa de forma completamente digital.

Por otra parte, un tercer grupo de reformas, plantean mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio con la cooperación de las comunidades autónomas y entornos locales para "detectar de manera anticipada la adopción de medidas administrativas que puedan generar obstáculos". En este sentido, esta coordinación se realizará de la mano de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima Empresarial que se convocó por primera vez la semana pasada.

Por último, la nueva norma --publicada en consulta previa para recibir las alegaciones de los actores implicados-- pretende también mejorar la financiación de las empresas en el ámbito de la inversión colectiva o el crowdfunding.