Cambios en el gestor gasista

Enagás prescinde de la vieja guardia del PP y da más peso al PSOE en su consejo

El consejo de administración propone sustituir cinco miembros ligados al Partido Popular para dar entrada al nuevo CEO, a dos exdiputados socialistas y dos académicos.

El presidente no ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén.

El presidente no ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén. / Manuel Carretero

David Page

Revolución en la cúpula de Enagás. El gestor del sistema gasista y de la red de gasoductos da un vuelco total a su consejo de administración, encumbrando a un nuevo consejero delegado (Arturo Gonzalo Aizpiri, procedente de Repsol) y prescindiendo de la vieja guardia ligada al Partido Popular heredada de los Gobiernos de Mariano Rajoy

El grupo, en el que el Estado tiene una participación directa del 5% a través de SEPI, ha tenido tradicionalmente en su consejo un enorme peso de políticos y expolíticos que figuran como consejeros independientes. Los cambios aprobados este lunes, que han de ser refrendados por la junta de accionistas convocada para el 30 de marzo, suponen un giro total en el juego de contrapesos entre los grandes partidos.

El consejo rechaza la renovación de cinco de sus miembros, todos ellos ligados al Partido Popular. El hasta ahora consejero delegado y que era miembro ejecutivo del consejo, Marcelino Oreja, deja el órgano de Gobierno para ceder su sitio al nuevo CEO.

También salen del consejo otros cuatro miembros considerados independientes y todos ligados al PP: la exministra Isabel Tocino, el exsecretario general de Alianza Popular Antonio Hernández-Mancha; Ignacio Grangel, también cercano al PP y que fue jefe de gabinete Álvaro Nadal cuando fue secretario de Estado de Energía; y Gonzalo Solana, expresidente de la Comisión Nacional de Competencia. De la vieja guardia del PP en el consejo de Enagás sólo se mantendrá Ana Palacio, exministra de los gobiernos de José María Aznar, que mantendrá su papel como consejera independiente coordinadora del órgano.

Más peso del PSOE

Además del nuevo consejero delegado Arturo Gonzalo, entran como nuevos consejeros independientes Maite Costa, expresidenta de la extinta Comisión Nacional de la Energía y exdiputada socialista; Manuel González Ramos, exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha; y también los académicos David Sandolow y Clara García Fernández Muro

En los últimos años, los anteriores cambios en la composición del consejo de Enagás han servido para dar entrada a perfiles ligados al Gobiernos de coalición, algunos vinculados muy directamente. En 2020, entraron como nuevos consejeros los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, y un experto vinculado a Unidas Podemos, el científico Cristóbal Gallego. El año pasado, fueron designadas como consejeras María Teresa Arcos, exdirectora general de Telecomunicaciones en el Gobierno de Pedro Sánchez, y Natalia Fabra, académica que forma parte de organismos asesores del Ministerio de Asuntos Económicos y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Llardén cede competencias

Además del relevo del consejero delegado se impulsa también un cambio sustancial en el reparto de poder en lo más alto de la cúpula del grupo. Antonio Llardén se mantendrá como presidente de Enagás, pero cederá todos sus poderes ejecutivos al nuevo CEO, en un intento de mejorar las prácticas del gobierno corporativo de compañía. Enagás, con un 90% del capital cotizando en bolsa, cede a las tendencias que exigen los inversores institucionales y accede a tener un presidente no ejecutivo y un consejero delegado con poderes plenos.

El nuevo consejero delegado, Arturo Gonzalo, procede de Repsol, donde ocupaba el cargo de director general de Comunicación, Relaciones Institucionales y Presidencia de la petrolera y donde ha pasado por diferentes cargos y áreas desde 1990. También fue secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, con la socialista Cristina Narbona como ministra y donde coincidió con la actual vicepresidenta y ministra Teresa Ribera.